El Ejecutivo autonómico defiende que hay 620 obras del Programa de Inversión Regional realizándose o casi empezando
REGIONAL / 16 JULIO 2020 / La diputada del PSOE Cristina González ha acusado al Gobierno de la Comunidad de quedarse “con el dinero de los ayuntamientos” al rescindir el PIR y el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha defendido que se han cumplido los plazos y además hay 320 obras ejecutándose así como otras 300 a punto de empezar.
En la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, la diputada socialista ha afeado que se haya rescindido “unilateralmente” el PIR y, además, se haya anunciado durante el estado de alarma.
“La realidad es que la Comunidad no cumple, se queda con el dinero de los ayuntamientos, de todas aquellas inversiones y proyectos que no van a hacerse. Sin terminar el programa actual han organizado uno nuevo“, ha lanzado.
Según ha expuesto, “han cambiado las reglas” antes de que acabase el programa”. Además, ha afeado que el Ejecutivo autonómico no sea “ágil” con los contratos y las obras y ha insistido en que no es “nada lógico” que se hayan decidido cambiar las condiciones porque así se “asfixia” a los municipios.
Por su parte, Pérez ha trasladado que el único que se quedan con el dinero de los ayuntamientos es el Ejecutivo de Pedro Sánchez “que se está apropiando de su superávit” para usarlo para “maquillar su déficit”. “Es el PSOE el que se queda con el dinero de los ayuntamientos”, ha espetado.
Desde el Gobierno regional, el titular de Administración Local ha defendido que están ejerciendo su deber, poniendo en marcha programas de inversiones que han permitido que todos tengan “muchísimas infraestructuras que han mejorado la calidad de vida de los vecinos”.
Pérez ha recordado que el PIR acababa en 2019 pero se decidió prorrogar un año más pero ha subrayado que en noviembre ya se advirtió de que finalizaría. Además, ha sostenido que no se puede tampoco presentar proyectos hasta el último día.
También ha defendido que no es cierto que se estén quedando con el dinero de los consistorios porque en este momento tienen 320 obras ejecutándose por toda la autonomía correspondientes al PIR y que están a punto de empezar 300 más.
“Estamos preparando el nuevo para cumplir con nuestros compromisos y dar oportunidad a los ayuntamiento de plantear obras nuevas”, ha defendido.
El caso de Alcorcón y las inversiones PIR
El Ayuntamiento de Alcorcón ha anunciado esta semana que el municipio se ha visto obligado a “dar de baja” tres de los proyectos que iban a ser financiados con cargo al Programa de Inversión Regional (PIR) al no estar adjudicadas por el Gobierno regional.
La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), ha explicado que con la aprobación, el pasado 17 de junio, del decreto 44/2020 por parte de la Comunidad de Madrid todos aquellos proyectos que no cuenten con la afectación del alta por parte de la Gobierno regional quedan fuera de la convocatoria del PIR.
En concreto, los proyectos afectados serían el edificio de vestuarios de los campos de Las Huertas; la finalización del edificio del nuevo ayuntamiento -que lleva 9 años parada-; y la ampliación de infraestructuras de red metropolitana municipal -llevar la fibra a todos los edificios municipales-.
La Consejería de Vivienda y Administración local ha negado que el Gobierno regional sea responsable de cancelar tres proyectos financiados con cargo al Programa de Inversión Regional (PIR) 2016-2019, y ha acusado al Ayuntamiento de Alcorcón de ser ellos quienes los han “desechado” con el objetivo de “solicitar nuevamente más gasto corriente”.
Sin embargo, la directora general de Administración Local de la Comunidad de Madrid, Nadia Alvarez, ha asegurado que se trata de proyectos “que se encuentran en marcha y que han sido tramitados por la Comunidad de Madrid para poder solicitar nuevamente más gasto corriente”.
Sobre los tres proyectos a los que ha hecho alusión la alcaldesa, la Comunidad de Madrid asegura que uno ya está dado de alta (el edificio de vestuarios de los campos de Las Huertas), mientras que de los otros dos el Gobierno regional ha hecho requerimientos a los que el Consistorio no ha respondido.