El inmueble es una vivienda perteneciente al antiguo IVIMA y fue vendida a un fondo de inversión
MÓSTOLES / 23 FEBRERO 2020 / Esta mañana el Juzgado Decano de Móstoles ha comunicado la suspensión del desahucio que iba a tener lugar mañana lunes 24 en la calle Hércules.
En la vivienda conviven una parejo con sus cuatro hijos menores a su cargo, y es la tercera vez que viven una situación así, ya que su vivienda pertenecía al antiguo IVIMA y fue vendida a un fondo Buitre.
Stop-Desahucios ha estado pendiente de este caso, ya que la familia se encuentra en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social, al no tener “ninguna posibilidad de acceder a una vivienda fuera del ámbito del alquiler de vivienda pública y social”, ya que sus ingresos familiares ahora mismo “son insuficientes”.
Sin medios y con problemas
En concreto, según acreditan los servicios sociales, la familia está cobrando actualmente una Renta Mínima de Inserción, que asciende a 382,84 euros al mes, además de que su situación de vulnerabilidad se ve agravada porque “uno de los hijos tiene reconocida una discapacidad de un 39%“, subrayan en un comunicado.
Desde la plataforma explican que esta familia tenía, desde agosto de 2011, un contrato de alquiler con opción a compra de una vivienda social con el antiguo IVIMA de la Comunidad de Madrid, por la que abonaba una renta de 475 euros, con una reducción especial por ser familia vulnerable que reducía la cuota hasta 60 euros al mes.
“El 25 de octubre de 2013, el IVIMA vendió la vivienda a un fondo privado, llamado Azora-Encasa Cibeles, sin comunicarlo a la familia previamente y saltándose así los derechos de los inquilinos”, aseguran desde Stop-Desahucios, quienes afirman que el fondo “estuvo respetando la reducción del alquiler hasta febrero de 2016”.
Además, aseguran que el IVIMA únicamente les envió una carta diciendo quienes eran los nuevos dueños y que su contrato de alquiler se iba a cumplir en los mismos términos que estaba redactado, aunque en febrero de 2016 se les comunicó una subida de renta hasta más de 560 euros.
“En 2017 se produjo la demanda por parte de Encasa Cibeles, por que la familia no pudo pagar estos recibos tan altos“, añaden desde la plataforma, que lamentan que el proceso judicial se resolviera finalmente “con una condena a pagar más de 27.000 euros y a abandonar la casa”.
De momento, y por tercera vez, este lanzamiento ha sido suspendido, algo que dará algo de tiempo a la familia para poder salvar su situación.