Los requisitos para acceder a las viviendas públicas se fijarán en los próximos 4 meses, según Llorente
LEGANÉS / 12 MARZO 2021 / El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, ha confirmado en el Pleno de este jueves que el ayuntamiento se verá obligado a solicitar “préstamos hipotecarios” para poder financiar la construcción de 668 viviendas públicas que levantará en los próximos tres años la Empresa Municipal del Suelo (EMSULE). El coste de construcción alcanzará previsiblemente los 78,8 millones de euros.
Durante el debate de dos mociones de la oposición donde se reclamaba paralizar el proceso por la falta de transparencia del mismo, el primer edil ha asegurado que los préstamos se solicitarán para “todas las promociones”, ya que la Administración local carece de la “capacidad financiera” para afrontar el proyecto con sus “propios recursos”.
El regidor ha defendido, ante las críticas de la oposición, que se trata de un proyecto que se encuentra en una fase “incipiente”, y ha reiterado durante la sesión que el único interés de su Gobierno “es hacer vivienda pública a un precio más barato, y punto”.
Mociones
Los partidos de Vox y Unión por Leganés (ULEG) llevaron al Pleno sendas mociones para reclamar la paralización del proceso con el objetivo de aclarar a quién se destinarán estas viviendas, después de que, inicialmente, el expediente plantease la posibilidad de dirigirlo a colectivos de reinserción o integración social, extremo que luego fue precisado por el Ejecutivo local.
Nuevamente, el primer edil descartó esta opción y dijo que las viviendas se destinarán a personas empadronadas en Leganés, con ingresos estables, hecho que levantó también las críticas de la oposición, por la indefinición de estos requisitos.
De hecho, Llorente adelantó que los requisitos para que los vecinos puedan acceder a las viviendas se establecerán en un plazo de cuatro meses.
“Si fuera a hacer un edificio de integración social, ¿usted lo anunciaría?”, le inquirió en el Pleno la portavoz de Vox, Beatriz Tejero. Entretanto, desde ULEG, Carlos Delgado acusó al Ejecutivo de “vender titulares” con este proyecto.
Ambos ediles apelaron al millar de firmas que, según desvelaron, han recogido los vecinos de Poza del Agua y Solagua, barrios donde se ubicarán varias de las parcelas.
Por su lado, el portavoz del PP, Miguel Ángel Recuenco, dijo que ha pedido en varias ocasiones información detallada del proyecto que, de momento, nadie le ha proporcionado. Además, el ‘popular’ alertó de la carencia de “informes” y de que el proyecto podría generar un endeudamiento a las arcas municipales de unos 25 millones de euros.
En el plano técnico, Tejero planteó además la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda incurrir en una pérdida patrimonial al construir vivienda pública de alquiler en un suelo reservado a renta libre. La réplica le llegó por boca del portavoz de Más Madrid-Leganemos, Fran Muñoz (socio de Gobierno del PSOE), quien aseguró que ninguna ley impide ¡construir vivienda en alquiler, que “es lo que más necesita el pueblo”, en terrenos con esa calificación.
“Intentamos garantizar el acceso a la vivienda con lo que podemos hacer desde el Ayuntamiento y, con ello, la vivienda municipal en alquiler subirá un 210%. Es una buena noticia”, zanjó.
Sin deteriorar los barrios
Por su parte, el primer edil negó que las viviendas puedan suponer un “deterioro” de los barrios y, en la misma línea, desmintió que puedan implicar “pérdida patrimonial”. Tras ello acusó a algunos grupos de la oposición de alentar un “falso debate”.
“Sé que hay partidos de la oposición que quieren que no se haga”, opinó tras acusar al portavoz del PP de difundir un vídeo para “intentar meter miedo” argumentando que las viviendas públicas supondrían “convertir” la zona en “un narcobarrio”.
“Si quisiéramos vivienda (de inserción social), hubiésemos cedido las parcelas a la Comunidad de Madrid. Al cedérselas a EMSULE, queremos hacer viviendas de venta y alquiler como las de la calle Francisco Rabal, con precios más bajos del mercado”, concluyó.
