Se trata de sanciones por ocupaciones no autorizadas de la vía pública, fundamentalmente a establecimientos hosteleros que ponían de forma irregular sus terrazas de verano en la calle

ALCORCÓN/ 19 NOVIEMBRE 2019/ La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), ha denunciado este martes que han encontrado “sin resolver” hasta 228 expedientes sancionadores por una ocupación no autorizada de la vía pública -terrazas-, por lo que el Consistorio ha dejado de percibir 283.654 euros al prescribir las sanciones.

La regidora socialista ha asegurado que el anterior Gobierno municipal, liderado por David Pérez (PP), llevaba sin tramitar los expedientes sancionadores desde el año 2014, por lo que hasta 228 de ellos ya han caducado “tirando a la basura más de 280.000 euros” que hubieran correspondido a las arcas municipales.

En concreto, el nuevo Gobierno municipal ha encontrado 136 expedientes sin iniciar, otros 74 expedientes que, pese a que sí se habían iniciado, no se había continuado su tramitación y otros 18 expedientes sobre los que sí había propuesta de resolución, pero que no se habían enviado al órgano competente.

Todos ellos son sanciones, que van desde los 750 a los 3.000 euros, según la gravedad, impuestas por la Policía Municipal por ocupaciones no autorizadas de la vía pública, fundamentalmente a establecimientos hosteleros que ponían de forma irregular sus terrazas de verano en la vía pública.

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Los expedientes sancionadores sin resolver

Agravio comparativo

No entendemos por qué el PP no se ha preocupado de tramitar estos expedientes”, ha insistido De Andrés, quien ha recalcado que con ese dinero perdido “se podían haber aumentado las ayudas a domicilio o doblar el presupuesto destinado a las ayudas de emergencia social”, entre otros asuntos “urgentes”.

También ha lamentado que todo el trabajo realizado por los agentes municipales en sus labores de inspección de estos establecimientos y en el inicio de los expedientes haya quedo en “papel mojado”, al tener que hacer ahora un “decreto de caducidad” de todos los expedientes prescritos.

Además, la primer edil ha subrayado que esta actuación supone “un agravio comparativo” entre los más de 1.300 establecimientos hosteleros de la localidad que “cumplen religiosamente las normas” y que sí tienen una licencia para ocupar la vía pública, frente a aquellos que “se han saltado la ley y no van a ser sancionados”.

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