Los juzgados podrán suspender los lanzamientos, mientras las Administraciones analizarán cada caso y, si procede, facilitarán a los afectados acceso a programas de vivienda social y asistenciales
REGIONAL / 19 FEBRERO 2019 / La Comunidad de Madrid ultima un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación de Municipios de Madrid (FMM) que fijará un protocolo de actuación para que, cuando el juez o el letrado de la Administración de Justicia detecten situaciones de exclusión social en casos de desahucio, puedan suspender el lanzamiento y trasladar la información a la Administración autonómica o local.
De esta manera, si se cumplen los requisitos, los afectados podrán tener acceso a programas de vivienda social o a otros programas asistenciales.
Fuentes regionales han explicado que el convenio recoge que tanto Comunidad de Madrid como CGPJ y FMM consideran “necesario coordinar actuaciones”, dentro de sus respectivas competencias, para hacer frente al problema que afrontan numerosas familias que carecen de recursos económicos básicos y que se están enfrentando a procesos de ejecución hipotecaria y desahucio por falta de pago que, en muchas ocasiones, acaban con la pérdida de la vivienda habitual.
El acuerdo, de un año de duración y prorrogable por 4 años más, establece un protocolo de actuación tanto para los procedimientos de ejecución hipotecaria sobre vivienda habitual, como para los casos en los que el afectado no puede pagar la vivienda en la que vive en alquiler.
Detectar situaciones
Las tres partes firmantes se comprometen a impulsar las medidas oportunas, incluidas las informativas y de formación, para facilitar que el órgano jurisdiccional que trate estos casos pueda detectar las situaciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión que puedan existir.
El objetivo, según las mismas fuentes, es que “pueda dar traslado de estos casos a la Consejería competente en materia de vivienda y a los servicios sociales de la entidad local correspondiente para que analicen y verifiquen la situación y, si lo ven necesario, adopten las medidas necesarias tanto desde el punto de vista de vivienda como de otras necesidades de tipo social”.
Igualmente, y a la vista del análisis realizado por los servicios sociales de las Administraciones regional y local, se establece la posibilidad de que el órgano jurisdiccional pueda suspender el desahucio, siempre de conformidad con las leyes procesales.
El convenio contempla la creación de un órgano mixto de vigilancia y control de la ejecución del acuerdo que se reunirá, al menos, una vez al año y que estará formado por dos representantes de cada una de las partes firmantes.
