En la reivindicación participan los portavoces populares de Alcorcón, Móstoles, Getafe, Leganés o Fuenlabrada, entre otros
REGIONAL/ 11 AGOSTO 2020/ Los portavoces del PP en varios municipios de zona sur de la Comunidad de Madrid se han unido para exigir a los alcaldes de sus municipios que “defiendan sin cortapisas los ahorros de sus vecinos” y puedan utilizar el total del superávit ante “la inminente expropiación” del Gobierno central.
En la reivindicación han participado los portavoces populares de Alcorcón, Móstoles, Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Ciempozuelos, Valdemoro, Pinto, San Martín de la Vega o Griñón, entre otros, quienes piden a los alcaldes de sus municipios, la mayoría de ellos gobernados por el PSOE, que no cedan ante al Gobierno central.
“Consideramos que es una traición al municipalismo y, por tanto, exigimos que este acuerdo no se lleve a cabo y nuestros alcaldes defiendan a nuestros vecinos y no se pongan al lado de una persona que únicamente pretende ahogarnos”, ha señalado la portavoz del PP de Alcorcón, Ana Gómez, en representación de sus compañeros.
Gómez ha asegurado que se trata de “una situación inédita” que permite que “quienes cumplen la ley se les quita su dinero y no permitan destinarlo a sus propias necesidades y que tenga que ir destinado a pagar los caprichos del señor Sánchez”, ha criticado en declaraciones a los medios.
“Los portavoces de los municipios del sur, que representamos a más de un millón de habitantes, exigimos a nuestros alcaldes que no permitan que Sánchez expropie los ahorros obtenidos durante todo este tiempo con gran esfuerzo por parte de todos los habitantes de nuestros respectivos municipios y cumpliendo la ley“, ha añadido.
De esta manera, los portavoces populares inician “una ofensiva política”, anunciando mociones “en todos los ayuntamientos de la zona sur de la Comunidad de Madrid” para reclamar la reprobación del presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, por “traicionar al municipalismo”.
Acuerdo con la FEMP
“El Ejecutivo central no puede embargar el dinero ahorrado por los ayuntamientos para financiar los proyectos de Sánchez“, insisten en un comunicado, donde califican el acuerdo entre la FEMP y el Gobierno central como “un ejercicio de insolidaridad institucional sin precedentes”.
Según el documento aprobado inicialmente, los Consistorios debían “ceder voluntariamente” todos sus ahorros a la Administración Central del Estado, que les devolvería este año 2.000 millones, otros 3.000 en 2021 y se reservaba “el plazo de diez años, a partir de 2022”, para el reintegro del resto, hasta los 15.000 millones.
Sin embargo, y tras convocar al presidente de la FEMP en Moncloa y firmar el documento oficial, el Gobierno envió un texto distinto al BOE donde se decía que el importe del principal del préstamo “será amortizado por la Administración General del Estado en un plazo máximo de quince años, a partir de 2022”.