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El objetivo es analizar el suelo atravesado por la Línea 7 de Metro a su paso por Coslada y San Fernando de Henares

REGIONAL/ 3 FEBRERO 2020/ La Comunidad de Madrid ha adjudicado el estudio geológico-geotécnico para analizar el suelo atravesado por la Línea 7 de Metro a su paso por Coslada y San Fernando de Henares para determinar cómo solucionar las “incidencias” que afectan con asiduidad a esta línea.

Así lo ha confirmado el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido tras reunirse con el alcalde de Coslada, Ángel Viveros.

Tal y como ha subrayado el alcalde de Coslada, esta línea “históricamente tiene muchas incidencias y se paraliza el servicio durante meses por reparaciones”, celebrado que por “por primera vez” se vaya a “intentar dar solución” tras “muchos años”.

El consejero de Transporte de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en visita a San Fernando de Henares. Fotografía archivo

Reparación de viviendas afectadas

Fuentes de la consejería de Transportes confirman que se ha puesto en marcha una “hoja de ruta” para atajar los problemas de algunas viviendas de San Fernando de Henares en el entorno de la citada línea y que se ha adjudicado un contrato por 6 meses con un coste de 635.000 euros.

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Este plan incluye el análisis de la documentación existente, el estudio de los movimientos del terreno con análisis previo a las obras, durante y después de las mismas. También se realizarán trabajos de cartografía, diseño de campaña geotécnica y de auscultación.

Análisis preventivo

Una vez recogidos los datos necesarios, se hará un análisis de los posibles daños en estructuras y su vínculo con la línea 7B y, en el caso de ser necesario, “se redactarán proyectos de reparación de las viviendas”.

“De esta manera, la Consejería de Transportes dispondrá de la información correcta para actuar con la solución más adecuada, primero en las viviendas afectadas, si es el caso y posteriormente, tanto en el túnel como en las estaciones de la línea de Metro, si fuera necesario”, han remarcado.

Así, destacan que el “nuevo enfoque” ante esta problemática  busca ser “más preventivo que correctivo”.  Asimismo, para hacer frente a las nuevas actuaciones, “si fuese necesario”, en la zona, la Consejería cuenta con una partida presupuestaria reservada de 1,25 millones de euros en 2020.

 

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