Esperanza Aguirre, expresidenta de Madrid, ha pedido mantener la fecha prevista para concluir la investigación

REGIONAL / 1 AGOSTO 2020 / Distintos imputados en el ‘caso Púnica’ de corrupción se están posicionando en contra de la posibilidad de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón amplíe la instrucción de la causa más allá del 27 de agosto después de que las Cortes Generales hayan dado luz verde a la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que extiende los plazos al menos un año más.

El primer paso lo dieron las acusaciones populares ejercidas por PSOE y Adade, las cuales instaron al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 a aplicar lo dispuesto en la nueva LECrim, justo un día después de que ésta entrara en vigor, el pasado 28 de julio.

Este escrito ya ha encontrado respuesta. Por un lado, Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid imputada desde hace casi un año en la pieza sobre la presunta financiación irregular del PP regional, ya ha pedido al juez que mantenga el 27 de agosto como la fecha prevista para cerrar la macrocausa.

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Aguirre no comparte el argumento de las acusaciones de que la investigación desarrollada hasta ahora no haya “resultado suficiente”, y acusa al PSOE de tener un “interés político” en que el ‘caso Púnica’ “se prolongue tanto como se pueda”.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre se dirige a la Audiencia Nacional de Madrid donde testificará en relación a la presunta ‘caja B’ del PP regional (Foto: EP)

Plazos previstos

Otras defensas van más allá: un imputado ha presentado un escrito en el que además de solicitar a García Castellón que rechace la petición de las acusaciones, le insta a plantear ante el Tribunal Constitucional, si finalmente decidiera lo contrario, una cuestión de inconstitucionalidad contra la disposición transitoria sobre la retroactividad de la ampliación de los plazos de instrucción.

En Púnica, añade, los plazos y el fin de los mismos ya han sido acordados por la Sala de lo Penal, la cual previó junio como finalización de la macrocausa, que luego el juez extendió dos meses más debido al parón de la actividad judicial por la pandemia de coronavirus.

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“Por tanto, el plazo de finalización de la instrucción ya se ha cumplido, siendo la extensión antedicha un periodo de gracia, que en modo alguno se puede entender como de vigencia a los efectos de lo establecido en aquella disposición”, apunta.

La misma defensa recuerda al magistrado que la jurisprudencia del tribunal de garantías establece la “irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, cuando normas de carácter procesal tengan alcance limitativo de derechos fundamentales”.

Audiencia Nacional de Madrid (Foto: EP)

Más de 200 imputados y piezas “a distintas velocidades”

Según esta defensa, en el ‘caso Púnica’ hay ya más de 200 imputados, “distintas piezas cerradas sin que se haya señalado fecha para la celebración de las sesiones del juicio oral”, la investigación ha avanzado a “distintas velocidades” en las diferentes piezas “en función de criterios ajenos al principio de legalidad, pretendiendo repercutir en los investigados el anómalo funcionamiento de la administración, viéndose afectados directamente por causa de organización procedimental, ajena a la fase de comprobación de visos de posible actividad delictiva”.

El escrito también critica que “la cercanía con la fecha de caducidad de la instrucción dispuesta por la Sala ha generado un frenesí de solicitudes de prácticas de diligencias de investigación”, en su opinión “sin un fin concreto y determinado, abarcando periodos incluso anteriores a 2003 sobre hechos que no han sido objeto hasta el día de hoy de actuación judicial investigadora”, lo cual ha llevado a Fiscalía Anticorrupción y acusaciones a pedir nuevas declaraciones de investigados”.

Esta situación, dice, ha hecho que sobre algunos imputados no se haya “llevado a cabo actuación investigadora desde hace más de cinco años”, lo cual constituye “una auténtica pena de banquillo. De ahí que considere que la disposición transitoria suponga “un ejercicio de retroactividad de ley restrictiva del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, en su vertiente del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas consagrado en la Constitución”.

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