Los socialistas critican que el Ejecutivo autonómico “impida formular enmiendas” a la Ley del Suelo
REGIONAL / 11 SEPTIEMBRE 2020 / El portavoz de Ordenación del Territorio del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Rafael Gómez Montoya, ha criticado este viernes la decisión de la Mesa de la Asamblea de tramitar la reforma de la Ley del Suelo por lectura única, algo que “impide formular enmiendas y elude la transparencia”.
“Es un auténtico despropósito y un uso torticero de la tramitación en lectura única de los proyectos de ley”, ha criticado Rafael Gómez Montoya en un comunicado.
A su juicio, el hecho de que se tramite por lectura única provoca que “se hurte el debate”, ya que los grupos “tienen una limitada capacidad de intervención en el Pleno donde se tramite”. Prácticamente todo se resume en votar a favor o en contra del proyecto del Gobierno, “sin posibilidad de presentar enmienda de ningún tipo”.
El diputado socialista ha recordado que esta vía de lectura única, contemplada en el Reglamento de la Cámara, está “concebida para la aprobación de pequeñas reformas de textos legales, o de iniciativas legislativas que parten de un amplio consenso o de mínima complejidad técnica”.
“Es evidente que este no es el caso de la Ley del Suelo, donde ayuntamientos, sindicatos, asociaciones vecinales, colectivos ecologistas y medioambientales se han sumado a las críticas que también hemos realizado desde el PSOE a lo que conocemos de las intenciones del PP y Ciudadanos con esta reforma”, ha sostenido.

Ley del Suelo de 2001
La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid se aprobó en 2001, siendo presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón. Desde entonces, y prácticamente todos los años, la Ley del Suelo ha sufrido cambios en su articulado. Esta nueva modificación supone la décimo séptima modificación que sufre la norma, en diecinueve años de vigencia.
En todos los casos los cambios se han tramitado aprovechando la aprobación de leyes de medidas fiscales y leyes de medidas urgentes, “hurtando el debate social y político que requiere una ley que regula la transformación del territorio, y por lo tanto de la vida para sus habitantes”, acusó el pasado mes de junio la agrupación Ecologistas en Acción.