Según consta en el informe relativo a 2018

REGIONAL / 12 JUNIO 2019 / El Defensor del Pueblo ha recomendado a los ayuntamientos que cambien el nombre de las callen que vulneren la normativa de la Memoria Histórica, después de recibir varias quejas de los ciudadanos que han solicitado en 2018.

En total, el Defensor del Pueblo ha analizado las 585 quejas que los ciudadanos pusieron a sus respectivos ayuntamientos durante el año pasado sobre las posibles vulneraciones en el funcionamiento del patrimonio, bienes y servicios públicos, así como en el padrón o las quejas recibidas por parte de los concejales de los ayuntamientos.

Según el informe anual 2018 que ha publicado el Defensor del Pueblo este martes, se han realizado 740 actuaciones correspondientes a un total de 585 quejas, «de las cuales 460 han sido nuevas».

Además, se han descartado 172 reclamaciones que no pudieron ser admitidas a trámite «al no reunir los requisitos establecidos, no estar bien identificado el problema o tener los datos dispersos».

El Defensor del Pueblo también ha señalado que a pesar de que algunas quejas ciudadanas sí se han tramitado, no se han podido solucionar porque «no hay unos parámetros establecidos que determinen cuándo una calle está sucia, o cuando está abandonado un parque, o cuando los baches de una calzada son peligrosos».

Memoria histórica y población

Los ciudadanos han reclamado que sus ayuntamientos aplicaran la Ley de la Memoria Histórica, o que se ejecutara un acuerdo municipal adoptado hace años para rotular una vía pública con el nombre de una persona, o que se cambiara la numeración de su calle por producir confusiones.

En este caso, el Defensor del Pueblo ha señalado que la denominación de las calles es una potestad discrecional del ayuntamiento, quien puede, «de forma motivada y siempre que no sea contrario al ordenamiento jurídico», decidir la denominación que considere más apropiada. No obstante, «en los casos en que esa denominación vulneraba la normativa en materia de memoria histórica, se ha sugerido el cambio de denominación» por parte del Defensor del Pueblo.

El Pleno en Fuenlabrada.

Quejas de concejales

El Informe anual 2018 ha destacado un apartado sobre las quejas recibidas por parte de los concejales que han visto «lesionados sus derechos de acceder a la información que precisaban o porque no contaban con los medios materiales para poder ejercer mejor sus labores».

El Defensor del Pueblo ha amparado dichas quejas cuando las normas establecen que mucha de la información solicitada «no necesita autorización previa de los alcaldes y cuando han sido incorporados a cualquier tipo de expedientes, ya tramitados o en curso».

Se han rechazado sin embargo, las quejas en las que los concejales pretendían «el acceso a un desmesurado número de documentos», o cuando, para atender a su petición, «su búsqueda suponía un entorpecimiento de los servicios municipales», o cuando se solicitaba del secretario de la corporación que emitiera unos informes «que no le correspondían jurídicamente».

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