Afectados piden que las viviendas vuelvan a ser sociales mientras Encasa Cibeles dice que no han cambiado los contratos

REGIONAL / 9 ENERO 2018 / Afectados por la venta de viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a un fondo de inversión en 2013 han reclamado frente a los juzgados de Plaza Castilla que no se archive el proceso penal abierto, como ha solicitado la Fiscalía de Madrid.

La causa -en la que figuran varias promociones de la zona Sur de Madrid- tiene origen en una querella criminal presentada por miembros del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada contra la entonces directora del IVIMA, Ana Gomendio López de Asiain.

Bajo el lema ‘Nuestras casas no son un negocio. No queremos que se de carpetazo a nuestra querella’, los afectados han cargado contra la decisión del fiscal y han apuntado a la existencia de presiones».

Contratos sin cambios

Entretanto, la gestora de los pisos del IVIMA, Encasa Cibeles, ha subrayado que las condiciones de los inquilinos que tenían un contrato firmado no han cambiado, insistiendo en que los contratos se cumplen de «forma escrupulosa».

Un momento de la protesta ante los juzgados (Foto: FRAVM).

Encasa Cibeles ha recordado que la adjudicación de las viviendas se produjo por «concurso competitivo de subasta pública con precio mínimo de salida» y en el que no había criterios subjetivos de adjudicación.

Según la empresa, «el precio de salida fue de 168 millones de euros, fijado de acuerdo con diversos informes de tasación independientes, incluido el Banco de España».

«En la subasta participaron 13 compañías, todas competidoras entre sí. El precio final de adjudicación fue de 201 millones», apunta el grupo.

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