Reclaman que el personal de los servicios sociales “sea considerado, cuanto antes, un servicio esencial en la gestión de la crisis sanitaria

REGIONAL/ 23 MARZO 2020/ El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (Cermi) ha exigido a la Consejería de Sanidad y al Ministerio de Sanidad que se tomen medidas urgentes e inmediatas de protección a profesionales y a personas con discapacidad.

Desde Cermi insisten en que los profesionales de las entidades del movimiento asociativo deben poder atender “con garantías de seguridad” a todas las personas que se encuentran en los centros residenciales de atención a estas personas, especialmente a las aisladas por sospecha o positivos confirmados de COVID-19.

Además, reclama que el personal de los servicios sociales “sea considerado, cuanto antes, un servicio esencial en la gestión de la crisis sanitaria del COVID-19”, según destaca la asociación en una nota.

Por otro lado, desde Cermi exhortan a que aseguren que “no se va a discriminar a las personas con cualquier tipo de discapacidad en los protocolos clínicos de atención a pacientes con coronavirus”, ya que “la discapacidad no puede ser nunca una circunstancia o factor desvalorizador de la persona”.

Piden no discriminar a las personas con cualquier tipo de discapacidad

Piden “no discriminar”

En este sentido, aseguran que el sábado pasado, algunos usuarios de las redes sociales “se hicieron eco de un posible caso de discriminación, en la Comunidad de Madrid, a un hombre con síndrome de Down, al que se le negaba el acceso a la UCI”, según han confirmado sus familiares a Plena Inclusión Madrid.

“Aunque, eso sí, el paciente fue trasladado finalmente ese mismo día a esta unidad”, añaden, reiterando a las autoridades y profesionales sanitarios que “vigilen estrechamente que todos los protocolos clínicos que se aplican, en la actual crisis del coronavirus, son garantistas con el principio de igualdad”.

Por ello, también solicita al Ministerio Fiscal su intervención para “promover la acción y la protección de la Justicia con los grupos sociales que pueden verse más expuestos a tratos excluyentes”.

Toda la actuación de las instituciones y profesionales sanitarios, en cualquier situación, debe estar presidida por los mandatos imperativos de los derechos humanos, la no discriminación, no tratar desigualmente, y actuar sin prejuicios o sesgos que castigan a quien se considera ‘diferente'”, concluyen.

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