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El juzgado cita al edil de Ecología en la causa que se sigue contra el alcalde a raíz de la querella de la adjudicataria de limpieza y basura

PINTO / 11 ABRIL 2019 / El Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Parla ha citado como investigado a un segundo miembro del Gobierno local de ‘Ganemos Pinto’, el edil de Ecología y Modelo de Ciudad, Raúl Sánchez, en la causa que se sigue contra el alcalde, Rafael Sánchez, por un presunto delito de revelación de secretos.

En rueda de prensa, Sánchez ha anunciado que ha sido citado el próximo 13 de mayo para prestar declaración por la querella que interpuso la adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de basura, la UTE Valoriza-Gestyona, a raíz de que miembros del Ejecutivo local recibiesen información sobre la gestión del servicio, lo que sirvió de base para la interposición de varias sanciones y para iniciar el expediente de retirada del servicio.

El edil ha asegurado que está «tranquilo» ante esta nueva imputación, que se produce «de parte», es decir, a petición de la acusación.

Ahora, según el responsable del departamento de Ecología y Modelo de Ciudad, su defensa pedirá que figure en la causa como testigo y no como investigado, en un caso que, según ha dicho, confía en que termine archivándose.

El concejal Raúl Sánchez deberá comparecer en el juzgado el 13 de mayo.

Raúl Sánchez ha asegurado que la UTE ha intentado «tapar el mal servicio prestado» y la ha responsabilizado de haber «estado mintiendo al ayuntamiento y falseando datos».

Por su lado, el alcalde ha lamentado que la empresa haya optado por «judicializar la vida municipal».

El regidor pinteño tuvo que declarar el pasado día 11 en el juzgado. La adjudicataria del servicio interpuso la querella tras conocerse que una trabajadora (ya despedida, según el alcalde) habría sacado datos confidenciales en los que se demostraban presuntos incumplimientos en los servicios prestados, lo que le habría supuesto a la compañía varias sanciones económicas y el inicio del expediente para rescindir el contrato.

Rafael Sánchez admitió que un concejal del Gobierno recibió información en un ‘pindrive’ con datos de la actividad de la empresa, pero precisó que se trata de información a la que él, como alcalde y responsables, tiene derecho a conocer.

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