El Gobierno del PP no ha conseguido lograr los apoyos necesarios del PSOE, IU-CM (que no ha votado), MOVER y Cambiemos

PARLA / 14 NOVIEMBRE 2017 / Los Grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Parla han impedido hoy que el Consistorio se sume al Fondo de Ordenación del Ministerio de Hacienda para 2018 para conseguir un crédito de 8,5 millones de euros que permita pagar sentencias judiciales perdidas.

Se trata del Pleno que ha motivado que tres concejales de MOVER Parla hayan denunciado este martes por presunta prevaricación al concejal de Hacienda, José Manuel Zarzoso, ya que el Ministerio no había comunicado oficialmente la confirmación de que el Ayuntamiento se podía adherir al Fondo.

De esta manera, tanto esta formación y Cambiemos Parla han votado en contra, mientras que el PSOE se ha abstenido.

Desde el Ejecutivo local, del PP, se ha cuestionado el posicionamiento del Partido Socialista porque, según han justificado, la sentencia que obliga a pagar 6 millones por la construcción de la plaza de toros procede de un convenio de su mandato, así como la sentencia que obliga a asumir los impagos a la empresa Cofely.

Entretanto, los tres concejales de IU-CM se han negado a votar tras participar en el debate, lo que ha motivado la petición de “un informe a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para conocer las consecuencias de esa decisión”.

En este sentido, el Ejecutivo ‘popular’ sólo ha podido atraerse el voto a favor de la concejala no adscrita Carmen Pumar.

Sentencias “inasumibles”

El concejal de Hacienda, José Manuel Zarzoso, ha recordado en su intervención que “debido al elevado importe económico” de las sentencias judiciales, éstas “son inasumibles para este Consistorio”.

Por ello, se pedía una modificación del Plan de Ajuste vigente y su inclusión en el Fondo de Ordenación 2018.

Entre las sentencias está el pago de 6.083.599 euros en concepto de pago por la construcción de la Plaza de Toros de Parla, que fue inaugurada en el año 2003, a lo que habría que añadir los intereses generados por dicha sentencia firme y que, según los cálculos realizados, ascienden a 829.786 euros.

Otra de las sentencias judiciales se refiere a la medida cautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo número 29 de Madrid por reclamación del pago de la empresa Cofely por un importe de 1.044.635 euros, más intereses.

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