Artículo de opinión de Carlos Carretero, policía municipal de Alcorcón, sobre la seguridad pública, la participación ciudadana y una mejor calidad y transparencia de los servicios públicos

OPINIÓN/ 5 DICIEMBRE 2018/ En el informe “Percepción Ciudadana de los Servicios Públicos” (2016) se analiza y estudia la percepción de los residentes en España con respecto a distintas políticas y servicios públicos, entre ellos la seguridad ciudadana. Aunque únicamente se cuenta con datos desde el año 2010, el porcentaje de satisfacción con los servicios relacionados con la seguridad ciudadana ha sido de media en torno al 60%, que aunque es entendido como elevado comparado con otros servicios públicos del mismo estudio, demuestra que un 40% de los encuestados no se encuentra conformes con el servicio recibido, lo que supone la necesidad de mejorar el servicio como medio de aumentar adecuadamente la percepción social de los servicios públicos de seguridad.

Para ello es necesario potenciar los Servicios de Seguridad, especialmente los gestionados por las administraciones locales, con el objetivo del aumento del Rendimiento Social que los citados servicios producen a la ciudadanía. Es necesario que los servicios de seguridad sean entendidos como una necesidad vital, como un elemento esencial y necesario que revierte de forma directa en los ciudadanos y ciudadanas sujetos pasivos del servicio. Para ello es imprescindible potenciar la confianza en la calidad del servicio que se va a recibir. Es necesario medir la percepción de los grupos de interés sobre el rendimiento social o el impacto que el funcionamiento de las organizaciones de seguridad está suponiendo para la calidad de vida de la ciudadanía.

De la misma manera las administraciones públicas con competencias en materia de seguridad, deben abandonar el secretismo en la gestión de sus competencias y fomentar la colaboración ciudadana como medio de evaluación del servicio. ¿Cómo vamos a conocer la calidad del servicio prestado si no preguntamos a las personas que reciben el mismo?

Carlos Carretero, autor del artículo

El mundo de la seguridad pública no debe ser ajeno a ello, de tal manera que es necesario informar públicamente a los usuarios sobre los servicios que sus administraciones gestionan , además de establecer compromisos de calidad en su prestación, así como derechos y obligaciones que les asisten a los ciudadanos como receptores del servicio. Es decir, es necesario establecer unas “reglas del partido” que vinculen a los administrados con las administraciones que prestan el servicio público (y viceversa), lo que favorecerá:

1. El grado de confianza de la ciudadanía, ya que se facilita el ejercicio de derechos.
2. El fomento de la mejora continua de las organizaciones de seguridad pública.
3. La Seguridad Jurídica, tanto para la ciudadanía como para la administración y trabajadores de la misma.

Es por esta razón por la que la prestación de los servicios públicos, y en especial el de seguridad pública, deben realizarse con las máximas garantías de calidad. No hay que olvidar que el ejercicio del mismo enfrenta con derechos fundamentales que la ciudadanía, cada vez más, desea proteger frente a las invasiones o restricciones ilegítimas a los mismos. Por esta razón las administraciones, entre otras medidas, deben velar para que en cada acto de prestación del servicio los ciudadanos tengan la capacidad de evaluación sobre la calidad del servicio recibido , se garantice la participación en la evaluación de la calidad de la gestión mediante la posibilidad de realizar quejas y sugerencias (analizadas adecuadamente) o mediante seguimientos de las intervenciones realizadas a fin de evaluar la satisfacción del usuario.

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