Los padres denuncian que un médico del Summa 112 que atendió la primera llamada no envió urgentemente una ambulancia a su domicilio, en Navalcarnero, tras los síntomas de ahogamiento del joven

NAVALCARNERO/ 7 NOVIEMBRE 2019/ Dos padres reclaman una indemnización de 175.000 euros a la Comunidad de Madrid por la muerte de su hijo, de 24 años, que falleció después de que un médico del Summa 112 no enviara urgentemente una ambulancia a su domicilio, en Navalcarnero, tras los síntomas de ahogamiento del joven.

Los hechos se remontan al 14 de enero de 2018, cuando Carmen Ruiz llama desde su domicilio, en Navalcarnero, a Emergencias 112 después de que su hijo, Aitor García, mostrara síntomas de ahogamiento, según se desprende de la conversación con el médico que atiende la llamada, que ha sido desvelada este jueves por el diario ‘El Mundo’.

En dicha grabación, se escucha como la madre solicita ayuda inmediata al médico que atendía la llamada, dado que su hijo “se ha mareado al levantarse”, tenía “un sudor muy frío” y que, en ese mismo momento, “no podía respirar” y “se estaba ahogando”.

El doctor requiere a la madre que su hijo se ponga al teléfono ya que “necesita evaluarlo” -aunque, según insiste la madre, su hijo “está ahogándose” y no pude articular palabra- y finalmente consigue hablar con el joven, que únicamente es capaz de balbucear: “No puedooo… Me ahogoooo…”.

“Yo no te escucho que te ahogues. ¿Has estado nervioso o algo?”, le respondió el médico, insistiendo en que el joven “respiraba perfectamente” y preguntándole a la madre si “está a tratamiento psiquiátrico de algo” o si “ha tomado algo”, cosa que la mujer niega tajantemente mientras sigue pidiendo auxilio para su hijo.

El médico despide la llamada con el siguiente mensaje: “Bueno, irá un médico a verlo, pero él sí respira… Venga. Hasta luego. Parece más bien que está tocado de algo. No sé. Vamos a ir a verlo. Venga, hasta ahora”.

Aitor García, el joven de 24 años fallecido en Navalcarnero

Demasiado tarde

Según ha narrado su madre, Aitor vuelve a quedar inconsciente cuando el médico cuelga el teléfono, se empieza a poner rápidamente “azul”, entrando en parada cardiorrespiratoria antes de que, 23 minutos y otra llamada al 112 más tarde, llega al fin una UVI Móvil, cuando ya estaba en muerte cerebral.

El joven, que al final resultó que padecía un trombo en sus pulmones, que es lo que le causaba la asfixia, fallece a los cuatro días, aunque no por culpa del propio trombo, sino de la muerte cerebral generada tras “esos 23 minutos sin riego”, según sostiene su representante legal, Carlos Sardinero.

Según ha explicado Sardinero a ‘El Mundo’, sólo ocho minutos después de la primera llamada, otro médico del Summa activa todos los protocolos, incluida la Guardia Civil, que fue la primera en llegar, y la UVI Móvil, que cuando llega les dice a los padres que “el cerebro había estado demasiado tiempo sin riego”.

Sardinero y los padres de Aitor creen que si en esa primera llamada se activa la UVI Móvil del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, a 14 minutos con tráfico normal (mucho menos para una ambulancia) del domicilio de Navalcarnero, el desenlace podría haber sido otro y el joven podría haberse salvado.

Por ello, los padres reclaman 175.000 euros como indemnización por vía administrativa a la Comunidad, de quien depende el Summa 112, quien, en un primer momento, mantuvo que “todo se había hecho conforme a los protocolos”, hasta que el abogado de la familia solicitó los audios de la primera llamada.

Con ellos, además de la vía administrativa, el abogado se plantea ir a la vía penal, ya que “la Comunidad de Madrid no sólo se niega a asumir su responsabilidad, sino que ni siquiera ha identificado a los médicos que participaron en la peripecia”.

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