Deberá devolver un aval y pagar las costas del juicio
NAVALCARNERO / 13 OCTUBRE 2017 / El municipio deberá pagar 2,79 millones de euros más intereses a 14 vecinos y empresas por venderles unos terrenos de uso industrial en el sector II-8 de la localidad que no eran propiedad del Consistorio en julio de 2004, según una sentencia de la Sección 11 de la Audiencia Provincial de Madrid, que obliga al Consistorio a devolver el aval de 124.000 euros y a pagar las costas del juicio.
Según los fundamentos jurídicos de los magistrados, el Ayuntamiento de Navalcarnero, dirigido entonces por el exalcalde Baltasar Santos, adjudicó el 13 de julio de 2004 a estos vecinos y empresarios demandantes los aprovechamientos urbanísticos de unos terrenos en el sector II-8 que le correspondían en primer orden al Consistorio por aprobar el desarrollo de los mismos.
En estos casos, la ley reserva un 10 por ciento de este suelo al Ayuntamiento. Ese porcentaje se corresponde con 28.289,90 metros cuadrados del sector II-8.
Entonces, según se recoge en la sentencia, estos vecinos y empresarios pagaron el 90 por ciento del precio de adjudicación, alrededor de 2,5 millones de euros, así como una garantía de 124.000 euros.
Sin embargo, estas adjudicaciones se realizaron antes de establecer un plan urbanístico definitivo para el sector II-8. Ese plan no se aprobó hasta septiembre de 2009 y en él se disminuyó notablemente la superficie que les correspondía, lo que conllevó, según la sentencia, “una sustancial disminución de suelo lucrativo para acoger las fincas resultantes de suelo industrial”.
Reducción de superficie
Además, en ese plan se redujo la superficie del sector II-8 de 575.094 metros cuadrados a 495.796,94. Tras estos ajustes, el 10 por ciento de los terrenos ya no era 28.289,90 metros cuadrados, sino 3.758,187.
Ante esta situación, vecinos y empresarios exigieron en mayo de 2011 la devolución de su dinero y la resolución del contrato. Sin embargo, el Ayuntamiento de Navalcarnero se negó alegando que “no habrían cumplido íntegramente con su obligación de pago” y que no presentaron alegaciones de ningún tipo al Plan General Urbanístico de 2009 que modificó las condiciones del terreno y redujo los aprovechamientos urbanísticos.
