La magistrada entiende que “se vulneró la garantía de indemnidad que protege al empleado público de las represalias de sus superiores”

MÓSTOLES/ 29 JULIO 2020/ La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid ha anulado el cese, efectuado en marzo de 2018, del que fuera director de Hacienda, Transportes y Movilidad de Móstoles, Sergio G. D. S., quien había denunciado unas supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos menores del Ayuntamiento.

La juez entiende que su desvinculación de la Corporación municipal “vulneró la garantía de indemnidad que protege al empleado público de las represalias de sus superiores” cuando, en cumplimiento de una obligación legal y de los deberes propios del ejercicio de sus funciones, denuncia ante las autoridades judiciales conductas presuntamente delictivas de que tiene conocimiento cometidas en el seno de la administración en la que presta sus servicios.

El exdirector de Hacienda, Sergio G. D. S., denunció en julio de 2018 unas supuestas actuaciones delictivas cometidas por autoridades y funcionarios del Ayuntamiento y, horas después, fue cesado por pérdida de confianza, tras sufrir diversos episodios de hostigamiento.

Este hecho, fundamental para acreditar la relación directa entre la denuncia y el cese, ha quedado demostrado a lo largo del juicio, por lo que la juez condena también al Ayuntamiento a abonar una indemnización por daños morales de 8.000 euros, justificada en el desasosiego y zozobra en la esfera personal, social y profesional causada en el demandante”, según señalan fuentes jurídicas.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Noticias para Municipios, se establece que “los acontecimientos acaecidos con anterioridad al cese del demandante y la proximidad temporal y la aparente conexión entre los mismos y ese acto, constituyen indicios suficientes para sospechar o presumir que dicho cese constituía una represalia por la presentación de la denuncia penal y, por tanto, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del afectado en la vertiente de ‘garantía de indemnidad’”.

Javier Gómez (PSOE) era el concejal de Hacienda en el momento del cese de Sergio G. D. S.

Cese sin motivación

“Llegados a este punto correspondía al Ayuntamiento de Móstoles justificar que el cese obedeció a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio del derecho fundamental, es decir, que se fundaba en motivos legítimos“, continua la sentencia.

En este sentido, afirma que “la corporación demandada no ha cumplido con tal carga probatoria al carecer el acto administrativo recurrido de motivación alguna y no ofrecerse de forma verosímil en este procedimiento argumentos que permitan concluir en otro sentido”.

Por último, la juez señala en la resolución que, al margen del deber de todo funcionario público de denunciar las presuntas irregularidades de que tenga conocimiento por su cargo y responsabilidad, el demandante “actuó también con el propósito de desvincularse personalmente de las mismas”, es decir, “actuando no sólo en cumplimiento de sus deberes como empleado público, sino también en defensa de sus intereses legítimos”.

Esta resolución puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, algo que ya ha avanzado el actual edil de Hacienda, Aitor Perlines, que ha insistido en que “las causas del cese que alega el denunciante no se corresponden con la realidad.”

Los hechos denunciados por Sergio G. D. S, sobre los que el juzgado de instrucción número 5 de Móstoles abrió diligencias previas en marzo de 2019, se refieren a unos supuestos delitos en la adjudicación, por parte del Ayuntamiento, de una serie de contrataciones menores realizadas a lo largo de 2016 y 2017 por el Gobierno municipal formado por PSOE, Ganar Móstoles e IUCM.

El juzgado de Móstoles solicitó en su momento al Consistorio en un oficio que remitiera”original o copia” de varios gastos relacionados con las reformas adjudicadas en esas fechas en los colegios públicos de la localidad y en otros contratos en materia de servicios informáticos y de comunicación del Consistorio.

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