El fondo está interesado en los derechos de cobro sobre una indemnización que podría ser de más de 200 millones de euros

MÓSTOLES/ 22 JULIO 2019/ El fondo de inversión Davidson Kempner (DK Partners) se encuentra estudiando la compra a OHL de los derechos de cobro de la constructora sobre la concesión fallida del tren de cercanías entre Móstoles y Navalcarnero, en el que la constructora aspira a recuperar más de 200 millones de euros, entre inversión realizada y costes financieros.

Según ha adelantado el diario Expansión, la concesión fallida, que enfrenta a la Comunidad de Madrid y a la empresa, podría generar una indemnización de más de 200 millones por la que se han interesado varios inversores, principalmente DK Partners.

Para OHL, la venta de esta factura multimillonaria pendiente de cobro supondría un balón de oxígeno que facilitaría la financiación de su plan de negocio, además de poner distancia respecto a un contrato que está en el epicentro de la operación Lezo, por un presunto delito de pago de comisiones al expresidente madrileño, Ignacio González.

Por el momento, la Comunidad de Madrid y OHL están dirimiendo sus diferencias en los tribunales. Entre las últimas novedades, el Gobierno autonómico ha reconocido una liquidación económica valorada en 123 millones, una cifra con la que ni la empresa ni el administrador concursal de la concesión están de acuerdo.

Por contra, la Comunidad, además de la ejecución de avales y de garantías, ha solicitado a la concesionaria 355 millones por daños y perjuicios que, según las fuentes jurídicas consultadas, se encuentran justificadas de manera muy discutible.

Obras del tren Móstoles-Navalcarnero, paralizadas desde 2010

Obras paralizadas en 2010

Las obras de extensión de 15 kilómetros del trazado de la línea C5 a la localidad de Navalcarnero fueron concedidas por la Comunidad de Madrid a OHL en el año 2009, bajo un presupuesto de 369 millones de euros, pero, tras más de 140 millones de euros invertidos, el proyecto fue paralizado por sorpresa por la concesionaria en 2010.

En junio de 2015 y tras cinco años de paralización, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato por «imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles» y reclamando 285 millones de euros de indemnización.

«Estando el Gobierno en funciones, en 2015, ellos decidieron resolver el contrato unilateralmente, al entrar en concurso de acreedores», ha explicado Rollán, alegando que «fueron ellos los que asumieron la obra en función de unas expectativas«, pero que «si desestimaron continuar la obra, no es su problema».

Tras esta reclamación, y con un informe del Consejo Consultivo a favor, en febrero de 2016 la Comunidad inició un expediente de penalidades -con una multa de 34 millones de euros- y le dio a la concesionaria un plazo de 16 meses para la ejecución de la totalidad del contrato, plazo que terminó en septiembre de 2017.

«La comunidad disponía de un aval de 16 millones de euros, que se ejecutó, siendo el aval de mayor cuantía de la historia que ha ejecutado la Comunidad de Madrid«, ha recalcado el vicepresidente regional, quien ha recordado que en una primera sentencia, emitida en marzo de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio la razón al Gobierno regional.

En concreto, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM desestimó en su auto la pretensión de la concesionaria de resolver el contrato de proyecto, construcción y explotación de la citada obra pública al entender que «ninguno de los motivos aducidos para ello está justificado».

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