La familia se encuentra en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social

MÓSTOLES/ 21 FEBRERO 2020/ La plataforma Stop-Desahucios Móstoles ha convocado una movilización para tratar de impedir el desahucio forzoso de una pareja, con cuatro hijos menores a su cargo, de una vivienda de la calle Hércules -que pertenecía al antiguo IVIMA y que fue vendida a un fondo de inversión-, prevista para este lunes 24.

Desde Stop-Desahucios denuncian que esta familia, que se encuentra en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social, no tiene “ninguna posibilidad de acceder a una vivienda fuera del ámbito del alquiler de vivienda pública y social”, ya que sus ingresos familiares ahora mismo “son insuficientes”.

En concreto, según acreditan los servicios sociales, la familia está cobrando actualmente una Renta Mínima de Inserción, que asciende a 382,84 euros al mes, además de que su situación de vulnerabilidad se ve agravada porque “uno de los hijos tiene reconocida una discapacidad de un 39%“, subrayan en un comunicado.

Desde la plataforma explican que esta familia tenía, desde agosto de 2011, un contrato de alquiler con opción a compra de una vivienda social con el antiguo IVIMA de la Comunidad de Madrid, por la que abonaba una renta de 475 euros, con una reducción especial por ser familia vulnerable que reducía la cuota hasta 60 euros al mes.

El 25 de octubre de 2013, el IVIMA vendió la vivienda a un fondo privado, llamado Azora-Encasa Cibeles, sin comunicarlo a la familia previamente y saltándose así los derechos de los inquilinos”, aseguran desde Stop-Desahucios, quienes afirman que el fondo “estuvo respetando la reducción del alquiler hasta febrero de 2016”.

Además, aseguran que el IVIMA únicamente les envió una carta diciendo quienes eran los nuevos dueños y que su contrato de alquiler se iba a cumplir en los mismos términos que estaba redactado, aunque en febrero de 2016 se les comunicó una subida de renta hasta más de 560 euros.

En 2017 se produjo la demanda por parte de Encasa Cibeles, por que la familia no pudo pagar estos recibos tan altos“, añaden desde la plataforma, que lamentan que el proceso judicial se resolviera finalmente “con una condena a pagar más de 27.000 euros y a abandonar la casa”.

Proceso judicial

Sin embargo, desde Stop-Desahucios insisten en que, sobre la venta de estas viviendas públicas, está en marcha un proceso judicial, que está actualmente en el Tribunal Supremo, porque “hay indicios de que esta venta fue fraudulenta e ilegal y además se vulneraron todos los derechos de los inquilinos”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado en varias sentencias judiciales que considera nula la venta de estas viviendas, que no se han respetado los derechos de los inquilinos y que las demandas interpuestas afectan a todos los perjudicados”, reiteran.

Por ello, puesto que el procedimiento aún no está cerrado, han solicitado al Juzgado número 4 de Móstoles “que suspenda este desahucio hasta que haya una resolución definitiva del Tribunal Supremo”, aunque afirman que el juzgado “no ha accedido a ello” y tiene previsto el lanzamiento para este lunes 24.

El desalojo se ha suspendido en dos ocasiones. Pero esta vez dice el juzgado de Móstoles que no va a haber suspensión“, lamentan, solicitando de nuevo una vivienda pública a la Agencia de Vivienda Social (AVS) por el procedimiento de Emergencia o una vivienda pública al Ayuntamiento de Móstoles.

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