Se trata de un contrato cuya adjudicación está siendo investigada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, dentro de trama Púnica

MÓSTOLES/ 13 DICIEMBRE 2018/ El Ayuntamiento de Móstoles ha iniciado hoy el expediente de resolución del contrato administrativo de suministro y servicios energéticos y el mantenimiento integral de los edificios municipales y centros educativos de la localidad, firmado con Cofely en 2014 por valor de más de 73 millones de euros.

Se trata de un contrato cuya adjudicación está siendo investigada desde 2014 por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, dentro de la trama Púnica, y por el cual se mantienen como imputados el exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz (PP) y su exconcejal de Medio Ambiente Alejandro Utrilla.

«Nos hubiera gustado acabar de un plumazo con este contrato nada más llegar al gobierno, pero ha sido muy complicado poder llegar hasta donde estamos hoy», ha señalado la alcaldesa, Noelia Posse (PSOE), quien ha estado acompañada del segundo teniente de alcalde, Gabriel Ortega, y el edil de Medio Ambiente, Miguel Angel Ortega.

Posse ha recordado que este contrato -«el mas importante adjudicado en la historia de Móstoles, por un servicio a prestar en 12 años«-, ha recalcado- hizo «tristemente famoso» al municipio cuando la Guardia Civil entró una mañana a registrar el Consistorio, cosa que hizo dimitir al exalcalde Daniel Ortiz.

«En 2015 prometimos que sacaríamos a Cofely y hoy estamos anunciando que Cofely sale del Ayuntamiento de Móstoles», ha añadido Ortega, quien ha señalado que «se ha comprobado que en 51 meses de contrato solo se han resuelto un 40% de los trabajos de mantenimiento correctivo, que nunca se ha prestado en los términos contratados».

Sede de la compañía Cofely

Reclaman 4 millones de euros

El segundo teniente de alcalde también ha hecho hincapié en que son «el primer ayuntamiento que no llega a un mutuo acuerdo con la empresa, sino que les echa«, y que lo hacen «reclamándole más de 4 millones de euros por los contratos que no ha realizado y que, por tanto, debe a todos los ciudadanos de Móstoles».

Por su parte, el edil responsable del mantenimiento de edificios públicos, Miguel Angel Ortega, ha insistido en que, tras «más de 28.000 partes de incidencias analizados hasta septiembre de 2018«, han detectado que «sólo se ha ejecutado un 40% de las mismas», por lo que estamos ante un «incumplimiento grave del contrato».

«Ha habido que inspeccionar una por una todas las instalaciones municipales contabilizando elementos, uno por uno, como las 16.000 lámparas led que tenían que haberse sustituido y que ha habido que ir comprobando luminaria por luminaria«, ha señalado Ortega, quien asegura que son muchos «los trabajos e inversiones no realizados».

El edil ha señalado que a partir de ahora, la empresa dispone, obviamente, de un periodo legal para realizar las perceptivas alegaciones, ya que «seguramente no queden satisfechos» del expediente de rescisión, aunque que creen que «se llegará a la rescisión administrativa una vez contestadas las alegaciones».

«A partir de ahí, previsiblemente, como habrá oposición del contratista, de Cofely, habrá que elevar este expediente a la Junta Consultiva de Contratación de la Comunidad de Madrid, que tendrá que emitir un dictamen preceptivo sobre la pertinencia o no del procedimiento de rescisión», ha añadido Ortega.

Remunicipalización del servicio

Una vez se materialice este informe, que tardará «unos 4 o 5 meses», será el momento en que se haga efectiva la salida de Cofely del municipio, momento en el cual desde la Concejalía preven tener listos para adjudicar «todos los servicios de mantenimiento que no vamos a poder prestar con personal municipal».

En este sentido, el edil ha adelantado que ya existe un procedimiento de contratación en marcha en Régimen Interior de oficiales, ayudantes y las cuadrillas necesarias «para prestar el servicio desde el propio Ayuntamiento», algo que «se repercutirá a Cofely mientras permanezca la contrata en el municipio».

Desde el Ayuntamiento también han avanzado que, según las recomendaciones de la Asesoría Jurídica contratada por el Consistorio para acometer la resolución de este «complejo contrato», el expediente debería ser elevado a la Audiencia Nacional ya que «hay indicios de delito en algunas de las prestaciones de servicio».

Tras ello, deberá ser el juez Eloy Velasco el que decida si existen indicios suficientes para incorporar este expediente de contrato a la causa que ya se encuentra investigando la adjudicación del mismo, y donde Daniel Ortiz está acusado de posibles delitos de cohecho y fraude por influir para que Cofely lograra dicho contrato.

Daniel Ortiz está acusado de posibles delitos de cohecho y fraude por influir para que Cofely lograra dicho contrato

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