El TSJM entiende que el Consistorio «vulneró los derechos» del trabajador y que su despido respondió «a una represalia»
MÓSTOLES/ 27 ABRIL 2020/ El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado la nulidad del cese de del que fuera director de Hacienda, Transportes y Movilidad del Ayuntamiento de Móstoles, Sergio G. D. S, que denunció hace tres años un caso de presunta corrupción en el Consistorio.
En un auto al que ha tenido acceso Noticias para Municipios, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha ratificado la sentencia del contencioso número 27 de Madrid, que ya declaró nulo el cese, así como su derecho a ser indemnizado por daños morales «en la cantidad de 8.000 euros».
El TSJM entiende que, como ya hiciera el órgano sentenciador en primera instancia, que su cese «vulneró la garantía de indemnidad que protege al empleado público de las represalias de sus superiores cuando, en cumplimiento de una obligación legal y del ejercicio de sus funciones, denuncia ante las autoridades judiciales conductas presuntamente delictivas de que tiene conocimiento».
El exdirector de Hacienda -cargo nombrado por el PSOE- denunció en julio de 2018 unas supuestas actuaciones delictivas cometidas por autoridades y funcionarios del Ayuntamiento, gobernado entonces por el PSOE, Ganar Móstoles e IU, y, horas después, fue cesado por pérdida de confianza, tras sufrir «episodios de hostigamiento».
En una primera instancia, la relación directa entre la denuncia y el cese «quedó demostrada», por lo condenó también al Ayuntamiento a abonar a Sergio G.D.S. una indemnización por daños morales de 8.000 euros, ante «el desasosiego y zozobra en la esfera personal, social y profesional causada en el demandante».
Tras conocer esta primera sentencia, el Consistorio, gobernado por PSOE y Podemos, lo recurrió al mostrarse «en total desacuerdo» con las causas del cese que alegaba el denunciante, ya que «un cargo de confianza se nombra y se cesa a petición del concejal responsable del área a la que está asignado».
Cese ilegal
Sin embargo, los magistrados del TSJM consideran ahora que ha habido un «manifiesto incumplimiento por el Ayuntamiento de Móstoles de la carga probatoria que le incumbe, al haberse limitado -tanto en primera como en segunda instancia-, a sustentar su decisión de cese en su plena y absoluta libertad de llevarla a cabo».
En este sentido, insisten en que desde el Consistorio no ofrecieron «argumentación alguna verosímil» que permita explicar el cese «por razones ajenas a la voluntad de represaliar la conducta del cesado ante los tribunales», lo que «conduce a la conclusión alcanzada por la sentencia apelada».
También entienden que «la proximidad temporal entre el conocimiento de la presentación de la denuncia penal -acción- y el cese -represalia-, constituye un relevante indicio de lesión de la garantía de indemnidad, que unida a los restantes indicios conducen razonada y razonablemente a presumir la lesión de un derecho fundamental».
«Apreciamos la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva del demandante, en la vertiente de ‘garantía de indemnidad’, con la consiguiente declaración de nulidad del acto administrativo recurrido y la estimación parcial de la pretensión indemnizatoria por daños morales ejercitada por la parte actora«, concluye la sentencia.
La resolución no es firme y puede recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo, por lo que fuentes municipales han señalado a Noticias para Municipios que ejercerán este derecho y recurrirán.