La Comunidad de Madrid pide no pagar hasta que no se esclarezca en vía penal el posible amaño en la adjudicación del contrato

MÓSTOLES/ 28 ENERO 2021/ La Comunidad de Madrid va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que no atienda la reclamación administrativa de Cemonasa (OHL) por la resolución del contrato del tren de Móstoles a Navalcarnero hasta que no se esclarezca en vía penal el posible amaño en la adjudicación.

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Según ha avanzado el diario El Mundo y han confirmado a Noticias para Municipios fuentes de la Consejería de Transportes, la Abogacía regional pondrá en conocimiento del TSJM la situación existente en el ámbito penal por la adjudicación este contrato -pieza 3 del Caso Lezo-, para que lo tenga en cuenta antes de reclamar el pago de la indemnización.

Además, la Abogacía de la Comunidad de Madrid ya ha solicitado en la vía penal “la confiscación” de las cantidades que la Administración tuviera que abonar a OHL por la resolución del contrato del tren de Móstoles a Navalcarnero, al entender que “se basa en un contrato presuntamente delictivo”.

La Comunidad de Madrid no va a pagar nada hasta que haya sentencia firme por la pieza de Lezo en la que se investiga la adjudicación de este contrato“, insisten fuentes de la Consejería, que pide que no se tenga que realizar pago alguno en relación a la liquidación económica del contrato hasta entonces.

Posible amaño

Los hechos se remontan al año 2009, cuando las obras de extensión de 15 kilómetros del trazado de la línea C5 a la localidad de Navalcarnero fueron concedidas por la Comunidad de Madrid a Cemonasa, una filial creada por OHL para la construcción de dicha obra, bajo un presupuesto de 369 millones de euros.

Dicha adjudicación está siendo investigada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dentro de la pieza número 3 del Caso Lezo, donde están imputados tres directivos de OHL -Javier López Madrid ente ellos- y el que era entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

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La Fiscalía sostiene que la adjudicación de este contrato “obedeció presuntamente a un plan ideado” por López Madrid y otro directivo de OHL, Rafael Arturo Martín, para “asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual”.

Para lograr ese propósito, señala el Ministerio Público, ambos investigados destinaron 2,5 millones de dólares al abono de una ilícita comisión entre cuyos beneficiarios se encontraba Ignacio González, quien entonces ocupaba el cargo de vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidía la empresa pública de aguas.

Obras del tren Móstoles-Navalcarnero, paralizadas desde 2010

Indemnización

Aparte de esta investigación de la Audiencia Nacional, el TSJM tiene abierta otra causa a raíz de la reclamación administrativa presentada por Cemonasa en junio de 2015, tras cinco años de paralización de la obra y tras solicitar la resolución de contrato al entrar en concurso de acreedores.

Tras esta reclamación, y con un informe del Consejo Consultivo a favor, en febrero de 2016 la Comunidad inició un expediente de penalidades -con una multa de 34 millones de euros- y le dio a la concesionaria un plazo de 16 meses para la ejecución de la totalidad del contrato, plazo que terminaba en septiembre de 2017.

Sin embargo, en vistas de que la compañía no había retomado las obras, en julio de 2017, el Gobierno regional, que entonces estaba presidido por Cristina Cifuentes, ordenó finalmente la resolución del contrato por incumplimiento culpable de Cemonasa, orden que el TSJM declaró nula hace unas semanas.

De esta manera, la filial de OHL no tendrá que pagar la indemnización de 355 millones de euros que reclamaba la Comunidad de Madrid por la resolución culposa del contrato y sigue reclamando a su vez una cantidad similar por el fallido proyecto del tren de Navalcarnero.

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