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El Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid, que exigía una indemización de 356 millones de euros

MÓSTOLES/ 6 JULIO 2020/ Cemonasa, la filial de OHL que se encargaba del proyecto inacabado del tren de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero no tendrá que pagar la indemnización de 356 millones de euros que reclamaba la Comunidad de Madrid por la resolución del contrato.

El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación del Gobierno regional contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ya había dictaminado en julio de 2019 que no correspondía dicha indemnización.

Según ha adelantado El Economista, el Supremo ha dictaminado que la causa de la resolución fue la apertura de la fase de liquidación del concurso mercantil de Cemonasa y no por causa culpable imputable a la misma, según indican fuentes jurídicas conocedoras del proceso.

De esta manera, la sentencia del TSJM ya es firme, por lo que OHL queda definitivamente eximida de cualquier tipo de responsabilidad con la Comunidad de Madrid en relación al tren de Navalcarnero.

La decisión del Supremo implica que, bajo ninguna circunstancia, la constructora tendrá que hacer frente a ningún pago a la Comunidad de Madrid, que reclama, en un proceso judicial paralelo, 355 millones de euros por, a su juicio, resolución culposa del contrato.

También Cemonasa mantiene vivo otro procedimiento en el que reclama al Ejecutivo regional 300 millones de euros por la inversión efectuada en el proyecto, que no llegó a su fin tras la llegada de la crisis de 2008.

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Obras del tren Móstoles-Navalcarnero, paralizadas desde 2010

Obras paralizadas en 2010

Las obras de extensión de 15 kilómetros del trazado de la línea C5 a la localidad de Navalcarnero fueron concedidas por la Comunidad de Madrid a OHL en el año 2009, bajo un presupuesto de 369 millones de euros, pero, tras más de 140 millones de euros invertidos, el proyecto fue paralizado por sorpresa por la concesionaria en 2010.

En junio de 2015 y tras cinco años de paralización, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato por “imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles” y reclamando 285 millones de euros de indemnización.

“Estando el Gobierno en funciones, en 2015, ellos decidieron resolver el contrato unilateralmente, al entrar en concurso de acreedores”, ha explicado Rollán, alegando que “fueron ellos los que asumieron la obra en función de unas expectativas“, pero que “si desestimaron continuar la obra, no es su problema”.

Tras esta reclamación, y con un informe del Consejo Consultivo a favor, en febrero de 2016 la Comunidad inició un expediente de penalidades -con una multa de 34 millones de euros- y le dio a la concesionaria un plazo de 16 meses para la ejecución de la totalidad del contrato, plazo que terminó en septiembre de 2017.

La comunidad disponía de un aval de 16 millones de euros, que se ejecutó, siendo el aval de mayor cuantía de la historia que ha ejecutado la Comunidad de Madrid“, ha recalcado el vicepresidente regional, quien ha recordado que en una primera sentencia, emitida en marzo de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio la razón al Gobierno regional.

En concreto, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM desestimó en su auto la pretensión de la concesionaria de resolver el contrato de proyecto, construcción y explotación de la citada obra pública al entender que “ninguno de los motivos aducidos para ello está justificado”.

1 Comentario

  1. No seré yo quien defienda a OHL, pero la justicia ha hablado. Ahora que la pelota está en el tejado de la comunidad, lo suyo es que se preocuparan en finalizar las obras, aprovechando así lo invertido, si es necesario modificando el proyecto inicial para reducir costes, pero que se preocupen de una vez del suroeste madrileño, especialmente de Navalcarnero.

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