Los letrados ven “seriamente mermada la plantilla”, lo que les llevará irremediablemente al cierre de puertas

MÓSTOLES/ 25 MARZO 2020/ Los letrados de la Administración de Justicia de Móstoles han alertado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y a la Consejería de Justicia de que viven “una situación dramática” por la expansión y propagación del virus COVID-19.

Los letrados advierten de que, de continuar así, esto llevará a que en las próximas semanas no queden funcionarios que realicen el trabajo en los juzgados, según han explicado en una carta enviada al TSJM, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Consejería de Justicia.

En dicha carta apuntan a que las cuatro sedes judiciales de la localidad madrileña (el Juzgado de Guardia, Violencia de Género, Instancias y Penales; el Registro Civil; el Juzgado de Familia 8; y los Juzgados de lo Social) ven “seriamente mermada la plantilla” lo que les llevará irremediablemente al cierre de puertas.

Lamentan los letrados que “se está produciendo una serie disfunciones y diversas incidencias en este partido derivadas la mayoría de ellas de instrucciones contradictorias o que no están claras sobre el personal funcionario que ha de acudir presencialmente a la sede a atender servicios esenciales”.

Juzgados de Móstoles

Piden test para los trabajadores

Además, hacen constar que no se han repartido mascarillas a los funcionarios en las sedes más afectadas, como puede ser la del juzgado de Guardia, y avisan de que “se están diagnosticando casos de contagio por coronavirus con positivo confirmado” y se dan también casos de aislamiento por cuarentena.

Ante esta situación, señalan que con el objetivo de evitar el riesgo de contagio entre los funcionarios que continúan trabajando en los juzgados de Móstoles, consideran necesario “que se efectúen los oportunos tests a los que trabajan en dichos Juzgados, a fin de detectar si hay casos positivos, y descartar los negativos, que podrían seguir presentado los servicios”.

A juicio de los Letrados esto permitiría “poder centralizar con los casos negativos la prestación de los servicios esenciales en uno o dos juzgados“. Asimismo, piden en su carta que desde la Comunidad de Madrid se decrete la disminución de la plantilla funcionarial de servicios mínimos acordada el 14 de marzo en atención a las “graves circunstancias” y que se cierren algunas sedes.

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