Los agentes han intervenido y puesto a disposición judicial 45 vehículos sustraídos, cuyo valor asciende a 1.450.000 euros

MÓSTOLES/ 22 JULIO 2019/ Agentes de la Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la operación Jormos, una red dedicada a la venta de vehículos en Móstoles que habían sido adquirido previamente de forma ilegal en países de la Unión Europea.

En la operación han sido detenidas 42 personas, algunas de ellas a través de órdenes de detención y extradición, por los supuestos delitos de estafa, receptación, apropiación indebida de vehículos, falsificación de documento público, oficial o mercantil, falsificación de documento privado y pertenencia a organización criminal.

Asimismo, los agentes han intervenido y puesto a disposición judicial 45 vehículos sustraídos, cuyo valor asciende a 1.450.000 euros, según ha informado la Benemérita en una nota de prensa.

La operación se inició tras detectar, durante las inspecciones que se realizan de manera periódica y aleatoria en diferentes estaciones de ITV, un incremento inusual de vehículos procedentes de Austria en una estación de Móstoles.

Vehículos robados intervenidos en la operación

Empresas ficticias

Los agentes comprobaron que uno de los vehículos matriculados en España había sido sustraído en un país de la Unión Europea, por lo que se comenzó un exhaustivo análisis de los expedientes de ITV de los vehículos procedentes de ese país durante el año 2018.

Los cabecillas de la organización habían creado una serie de empresas ficticias, a través de las cuales emitían la documentación necesaria para la adquisición de los vehículos de diferentes concesiones mediante contratos leasing.

Para ello, utilizaban a diferentes miembros del grupo, que mediante una compensación económica cedían su identidad para la firma de los préstamos de financiación. Una vez que tenían los vehículos, los trasladaban por carretera hasta Madrid para iniciar los trámites de legalización, y con la tarjeta de ITV en su poder finalizaban los trámites de matriculación en diferentes jefaturas de Tráfico.

Para ello, en muchos de los casos llegaban a entregar documentos de identidad compulsados por la Policía Nacional, así como facturas, contratos de compraventa y volantes de empadronamiento del Ayuntamiento de Madrid falsos, con el fin de dificultar una posterior identificación y localización de los diferentes participantes de la trama.

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