El estudio de la Dirección General de Infraestructuras y Carreteras responsabiliza a OHL de la paralización de la obras del tren
MÓSTOLES/ 12 NOVIEMBRE 2018/ El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha confirmado este lunes en Fuenlabrada que el Gobierno regional ha emitido una orden de reclamación de 356 millones de euros a la concesionaria del tren Móstoles-Navalcarnero, OHL, por los “daños y perjuicios” que causó su paralización.
Rollán ha explicado que en estos momentos están abiertos dos procesos judiciales: por una parte, un proceso en el que “la empresa concesionaria pretende que sea la Comunidad de Madrid la que atienda unas obligaciones por una obra y un servicio que nunca se ha prestado”; y, por otra parte, el que ha iniciado la Comunidad.
Sobre este último, el vicepresidente ha insistido en que tanto el estudio de la Dirección General de Infraestructuras y Carreteras como otros diferentes estudios que los complementan “responsabilizan y, por tanto, reclaman a Cemonasa -empresa de OHL- hasta 356 millones de euros” por daños y perjuicios.
En concreto, según ha adelantado el diario El Mundo, la partida más voluminosa de dicha penalización corresponde a lo que se conoce como “lucro cesante”, es decir, el cálculo de las pérdidas de los beneficios esperados que causó la no ejecución de esta línea tanto a los 9,7 millones de viajeros anuales que se estimaba como al Gobierno regional por los impuestos que dejó de recaudar.
“Confiamos en que a la mayor brevedad tenga lugar la sentencia que, en el caso de ser favorable a los intereses de la Comunidad y, por tanto, de todos los madrileños, podríamos ver como se establece esa nueva hoja de ruta para hacer realidad el tren de Móstoles a Navalcarnero“, ha añadido Rollán.
Obras paralizadas en 2010
Las obras de extensión de 15 kilómetros del trazado de la línea C5 a la localidad de Navalcarnero fueron concedidas por la Comunidad de Madrid a OHL en el año 2009, bajo un presupuesto de 369 millones de euros, pero, tras más de 140 millones de euros invertidos, el proyecto fue paralizado por sorpresa por la concesionaria en 2010.
En junio de 2015 y tras cinco años de paralización, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato por “imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles” y reclamando 285 millones de euros de indemnización.
“Estando el Gobierno en funciones, en 2015, ellos decidieron resolver el contrato unilateralmente, al entrar en concurso de acreedores”, ha explicado Rollán, alegando que “fueron ellos los que asumieron la obra en función de unas expectativas“, pero que “si desestimaron continuar la obra, no es su problema”.
Tras esta reclamación, y con un informe del Consejo Consultivo a favor, en febrero de 2016 la Comunidad inició un expediente de penalidades -con una multa de 34 millones de euros- y le dio a la concesionaria un plazo de 16 meses para la ejecución de la totalidad del contrato, plazo que terminó en septiembre de 2017.
“La comunidad disponía de un aval de 16 millones de euros, que se ejecutó, siendo el aval de mayor cuantía de la historia que ha ejecutado la Comunidad de Madrid“, ha recalcado el vicepresidente regional, quien ha recordado que en una primera sentencia, emitida en marzo de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio la razón al Gobierno regional.
En concreto, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM desestimó en su auto la pretensión de la concesionaria de resolver el contrato de proyecto, construcción y explotación de la citada obra pública al entender que “ninguno de los motivos aducidos para ello está justificado”.