Los jueces dan la razón al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Móstoles en el contencioso sobre la ampliación de la línea C5 entre Móstoles y Navalcarnero, paralizada desde el año 2010 por OHL

MÓSTOLES/ 13 MARZO 2018/ El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Móstoles en el contencioso que mantienen con la empresa concesionaria (OHL) encargada de la ampliación de la línea C5 entre Móstoles y Navalcarnero, paralizada desde el año 2010.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado en su auto, al que ha tenido acceso Noticias para Municipios, la pretensión de la concesionaria de resolver el contrato de proyecto, construcción y explotación de la citada obra pública al entender que ninguno de los motivos aducidos para ello está justificado.

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La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá presentarse ante esta Sala en el plazo de treinta días.

También rechaza la reclamación de 50 millones al Ayuntamiento

Los jueces tampoco consideran justificada la reclamación al Ayuntamiento de Móstoles de los 50 millones de euros a los que se había comprometido el Consistorio a cambio del soterramiento de las vías y prolongación del ferrocarril por parte de la concesionaria, ya que las citadas obras no se llevaron a cabo en el plazo de cuatro años desde la firma del convenio.

La sentencia aclara que resulta “impensable considerar que el Ayuntamiento venía obligado a aportar la nada considerable cantidad de 50 millones de euros a fondo perdido sin contraprestación alguna por parte del concesionario”, cuando las obras “no habían sido realizadas y estaban paralizadas unilateralmente”.

“Es evidente que el Ayuntamiento de Móstoles incumplió con la obligación de transferir dicha cantidad, pero la concesionaria también ha incumplido con sus obligaciones de soterrar las vías desde el cruce de la carretera A5 hasta la estación de Móstoles Central y a la prolongación del ferrocarril”, añade la sentencia.

El Consistorio se había comprometido a abonar, precisamente, en concepto de incremento de coste de producción por dichas causas, para que el nuevo trazado con soterramiento no supusiera ningún gravamen o perjuicio económico ni para la Comunidad de Madrid, ni para la concesionario ni para los futuros usuarios.

La empresa dio “conformidad tácita” a la modificación contractual

En la misma línea, los jueces también desestiman las otras dos alegaciones presentadas por la concesionaria: la existencia de un desistimiento tácito de la Comunidad a la ejecución del contrato y la existencia de modificaciones al proyecto que incrementaron en más del 20% el coste inicial del contrato, una modificación sustancial.

En el primer caso, la Sala concluye que “no existe desistimiento, ni expreso ni tácito de la Administración respecto a la ejecución del contrato”, como se deduce de “los numerosos requerimientos que se dirigieron a la concesionaria para que reanudase las obras tras paralizarlas en 2010 de forma unilateral por falta de financiación”.

En el segundo, los jueces recuerdan que en los casos de modificación del contrato, el derecho de opción del contratista, en los supuestos de aumento o disminución en más de 20% del presupuesto inicial, “ha de ejercitarse con anterioridad a su ejecución, por cuanto que si las obras han sido ya realizadas hay una conformidad tácita con la modificación contractual”.

Una vez desestimadas las pretensiones de la empresa contratante y ante la falta de resolución del contrato, la Sala no se pronuncia sobre la solicitud de indemnización por parte de la empresa contratante -de más de trescientos millones de euros-.

Obras del tren Móstoles-Navalcarnero

Las obras de extensión de 15 kilómetros del trazado de la línea C5 a la localidad de Navalcarnero fueron concedidas por la Comunidad de Madrid a OHL en el año 2009, con un presupuesto de 369 millones de euros, pero, tras más de 140 millones de euros invertidos, el proyecto fue paralizado por sorpresa por la concesionaria en 2010.

En junio de 2015 y tras cinco años de paralización, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato por “imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles” y reclamando 300 millones de euros de indemnización.

Tras esta reclamación, y con un informe a favor del Consejo Consultivo, en febrero de 2016 la Comunidad inició un expediente de penalidades -con una multa de 34 millones de euros- y le dio a la concesionaria un plazo de 16 meses para la ejecución de la totalidad del contrato, plazo que terminaría en septiembre de 2017.

Transcurridos unos meses y, viendo que OHL “no tenía la menor intención de terminar las obras” -según subrayó el exconsejero Pedro Rollán-, se decidió finalmente iniciar otro proceso de resolución de contrato, esta vez por parte de la Comunidad, y reclamarle a la concesionaria OHL “más de 300 millones de euros” por abandonar el proyecto.

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