MÓSTOLES/ El rector de la URJC declarará como investigado en una querella por prevaricación

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Ramos comparecerá tras admitir el juzgado una querella del profesor y exdirector del Centro Integral de Formación Permanente (CIFP) Jorge Urosa

MÓSTOLES – FUENLABRADA / 22 JUNIO 2020 / El rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Javier Ramos, y el gerente general de la institución, Luis Mediero, declararán el próximo 1 de octubre ante el juez de Instrucción número 6 de Móstoles como investigados por una querella por presunta comisión de delitos de malversación pública, falsedad documental y prevaricación administrativa.

Las comparecencias tendrán lugar después de que el juez haya admitido a trámite la demanda presentada por el profesor y exdirector del Centro Integral de Formación Permanente (CIFP) de la universidad Jorge Urosa Sánchez en relación a su cese del centro tras acusarle de supuestas irregularidades en los cursos tras contratar Ramos un despacho de abogados.

Fuentes jurídicas han explicado que el juzgado emitió el pasado 9 de junio un auto, contra el que cabe recurso de reforma y de apelación, en el que se cita para el próximo 1 de octubre al querellante y a los querellados, informa Europa Press.

El campus fuenlabreño de la URJC.

Además, el instructor acuerda librar oficio a la universidad para que remita a la mayor brevedad posible el expediente completo del contrato menor con el despacho de abogados Baker and Mackenzie (contratado para investigar las cuentas del centro), incluido el informe de intervención.

También reclama el informe del despacho de abogados contratado y el registro de entrada del informe emitido por Beker and Mackenzie en la Universidad.

Posibles delitos

En la resolución, el juez expone que “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de prevaricación administrativa cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

Agrega que “no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 757 y 774 de la citada ley procesal, instruir diligencias previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable”.

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Según adelanta hoy ‘Madrid Actual’, Javier Ramos convocó un concurso para encargar una auditoría forense que examinara la situación financiera del centro, obteniendo el concurso Grant Thornton SLP por 261.791 euros.

La querella sostiene que al no hallarse indicios de delito en la gestión, recurrió al bufete de abogados Baker & Mckenzie y que se inició en septiembre el expediente de contratación cuando ya estaban contratados desde julio y habían prestado servicio. Por ello, la demanda apunta la existencia de presuntos delitos en esta actuación administrativa.

Ramos indicó entonces que se habían detectado una serie de irregularidades tras la auditoría realizada en el Centro Integral de Formación Permanente y remitió estas conclusiones a la Fiscalía para que decida si abre una investigación.

Durante un claustro de la universidad en 2018, el rector expuso que la auditoría ha detectado una serie de incumplimientos de la normativa y de las funciones de control de gasto que podrían implicar un “grave” perjuicio para las arcas de la propia universidad.

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Fuentes de la URJC han señalado a Europa Press que, a raíz de la polémica sobre presuntas irregularidades en el máster cursado por Cristina Cifuentes, la universidad encargó una auditoría en diversos entes, entre ellos el Centro de Formación Permanente.

La actividad de este centro se sustentaba en acuerdos de colaboración con academias y escuelas, que desplegaban cursos en el que podían usar el logo de la universidad como aval del contenido de esas actividades formativas. En esa colaboración la universidad recibía una contraprestación económica.

Estas fuentes han señalado que el equipo de Gobierno recibió una serie de “quejas” sobre algunos cursos que entendían “no acordes” con la institución y se encargó una auditoría de actividades y cuentas.

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