El TSJM ha declarado nulas las órdenes de la Comunidad de Madrid por las que resolvió unilateralmente su contrato con Cemonasa

MÓSTOLES/ 19 ENERO 2021/ El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nulas las órdenes de la Comunidad de Madrid por las que resolvió unilateralmente su contrato con Cemonasa, filial de OHL encargada de la construcción del tren de Móstoles a Navalcarnero, proyecto paralizado desde 2010.

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De esta manera, la filial de OHL no tendrá que pagar la indemnización de 355 millones de euros que reclamaba la Comunidad de Madrid por la resolución culposa del contrato.

La Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del TSJM ha estimado el recurso interpuesto por Cemonasa al entender que, en el momento de emitir las órdenes, un juez de lo Mercantil ya había aprobado el inicio de la fase de liquidación del concurso de acreedores de Cemonasa, por lo que estas serían nulas.

En su resolución, adelantada por El Confidencial, el TSJM insiste en que al haberse acordado anteriormente la liquidación y disolución judicial de la mercantil, “la orden impugnada es nula por tener un contenido imposible, al estar ya resuelto el contrato con anterioridad al dictado de la Orden” de la Comunidad de Madrid.

Obras del tren Móstoles-Navalcarnero, paralizadas desde 2010

Obras paralizadas en 2010

Los hechos se remontan al año 2009, cuando las obras de extensión de 15 kilómetros del trazado de la línea C5 a la localidad de Navalcarnero fueron concedidas por la Comunidad de Madrid a OHL, bajo un presupuesto de 369 millones de euros.

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Tras más de 140 millones de euros invertidos, el proyecto fue paralizado por sorpresa por la concesionaria en 2010 y, en junio de 2015, tras cinco años de paralización, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato.

Tras esta reclamación, y con un informe del Consejo Consultivo a favor, en febrero de 2016 la Comunidad inició un expediente de penalidades -con una multa de 34 millones de euros- y le dio a la concesionaria un plazo de 16 meses para la ejecución de la totalidad del contrato, plazo que terminaba en septiembre de 2017.

Sin embargo, en vistas de que la compañía no había retomado las obras, en julio de 2017, el Gobierno regional, que entonces estaba presidido por Cristina Cifuentes, ordenó finalmente la resolución del contrato por incumplimiento culpable de Cemonasa, orden que ahora el TSJM ha declarado nula.

Además, en octubre de 2018, el Ejecutivo regional reclamó en una nueva orden a Cemonasa el pago de 355 millones de euros por haber paralizado el proyecto, orden que, como la anterior, también ha declarado nula al entender que un juez de lo Mercantil ya había aprobado el inicio de la fase de liquidación de Cemonasa.

Aparte de declarar nulas las órdenes de la Comunidad de Madrid, la sala ha impuesto el pago de las costas a la administración regional, aunque contra la resolución cabe aún un recurso de casación.

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