GETAFE/ La Red de Infancia y Adolescencia recuerda el XXIX aniversario de la Convención de los Derechos del niño y la niña

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La Red recuerda que recientemente España ha modificado el sistema de protección a la infancia y la adolescencia con dos nuevas leyes que refuerzan la prioridad del interés superior del menor, y garantizan una protección uniforme en todo el territorio del Estado

GETAFE/ 21 NOVIEMBRE 2018/ El Ayuntamiento, como miembro de la Red de Infancia y Adolescencia, se ha unido a la declaración conjunta de todos los municipios que la conforman, ya que durante el actual curso la Red trabaja en torno a la protección en diferentes ámbitos.

Entre estos, se encuentran el perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación incluido el abuso sexual, a cualquier forma de explotación, tortura, pena cruel o cualquier otro trato inhumano o degradante, y frente a la privación de su libertad de manera legal o arbitraria. En base a la legislación, los ayuntamientos deben dedicar esfuerzos importantes a la protección de los menores.

Jurídicamente, la situación de vulneración de derechos y desprotección se denomina “desamparo”. Para un niño estar desamparado es sentir que no tiene a nadie a quién recurrir, que a nadie importa de manera significativa, que nadie le cuida. A los ayuntamientos les corresponde desarrollar políticas orientadas a procurar entornos adecuados y protectores de la infancia, potenciando la atención preventiva, ofreciendo recursos de intervención y de ayuda cada vez que haga falta, apoyando y formando a las familias, ofreciendo programas de ayuda hacia la maternidad y la paternidad responsables, desarrollando acciones que incrementen los factores de protección, o trabajando desde una perspectiva transversal, con actuaciones globales.

La comisión de infancia

Los niños tienen derecho a contar con personas adultas que se ocupen de ellos, y así deben poder exigirlo como administración más cercana, como ciudadanos de pleno derecho que son. Porque un niño, sea cual sea su entorno familiar y social, son ciudadanía que debe poder participar en las decisiones que le afectan directamente, por tanto especialmente en aquellas supuestamente protectoras.

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