El concejal de Urbanismo ha mostrado el apoyo a las familias afectadas ante “esta situación que es totalmente injusta y abusiva”

GETAFE/ 8 FEBRERO 2019/ El Ayuntamiento, a través de la EMSV, está mediando en el problema surgido en un edificio de viviendas en Los Molinos donde 45 familias en alquiler en la calle de la Guarda Cuidadosa podrían ser desahuciadas o dejarlas sin poder ejercer el derecho a compra.

El concejal de Urbanismo, Jorge Rodríguez, ha asegurado que “no solo se trata de la adquisición de una deuda por un fondo buitre, sino del mercadeo de una inmobiliaria ante la necesidad de vivienda y de un abuso incumpliendo los acuerdos del contrato de arrendamiento e impidiendo que puedan ejecutar la opción de compra, amenazándoles con que tiene que abandonar sus casas de manera inmediata”. Asimismo, ha añadido que intercederán “con todo el peso de la Administración municipal ante cualquier otra administración responsable y como mediadores ante aquellos interlocutores privados necesarios como el fondo e inversión o la inmobiliaria”.

La alcaldesa Sara Hernández ha manifestado que se ha podido producir “una posible infracción por posible alteración del destino de las viviendas porque estaban destinadas a propiedad y no a alquileres, por lo que los contratos podrían ser calificados como irregulares para que se pidan las responsabilidades correspondientes a la empresa”.

En 2014 cerca de 45 familias entraron a vivir en régimen de alquiler con opción a compra, o en algunos casos en régimen de alquiler, a través de un contrato firmado con la empresa promotora por un periodo inicial de 3 años. La situación de los arrendatarios es diversa, con contrato en vigor hasta 2020, con renovación tácita de un año, o sin respaldo contractual en estos momentos.

Varios afectados colocan pancartas de protesta. Foto/ Alex Castellano

La promotora tiene una deuda, por lo que las viviendas “están embargadas por la Agencia Tributaria y sus inquilinos abonan la renta de su alquiler directamente a Hacienda”. “La adquisición por parte de un fondo de inversión o fondo buitre del préstamo hipotecario impagado dificulta aún más la situación y desde finales de 2018, los arrendatarios reciben cartas comunicándoles que tienen que abandonar sus viviendas, una vez finalizara su contrato de alquiler, sin ofrecerles ninguna alternativa, y vulnerando el derecho a la adquisición de la vivienda de los vecinos con derecho a compra”, según ha explicado en el Pleno un portavoz de los afectados.

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