Las familias beneficiarias han obtenido la mayor puntuación entre las seleccionadas para participar en el procedimiento de puesta a disposición de las viviendas, mientras que 16 han quedado en lista de espera para cubrir posibles pisos que queden vacantes

GETAFE/ 7 AGOSTO 2017/ El Ayuntamiento de Getafe ha adjudicado cinco viviendas de emergencia social a familias afectadas por el desahucio de su residencia habitual, al amparo de la Ordenanza Reguladora del procedimiento de adjudicación de viviendas municipales para emergencia social.

Las viviendas son tres que están situadas en un edificio de la avenida de las Ciudades, para las que se ha seleccionado a familias de hasta 4 miembros, y otras dos en la calle Lártiga para familias de 5 a 7 miembros.

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Son para quienes se hallen inmersos en un procedimiento judicial de desahucio de vivienda habitual con fecha de lanzamiento o cuyo lanzamiento ha sido ejecutado y carecen de alternativa habitacional.

Para ello, se sigue el orden establecido en la comisión de valoración por parte de los técnicos de la Delegación de Bienestar Social, tras requerir documentación a todas aquellas familias que pueden optar a las viviendas y atendiendo a los expedientes e informes que ya tenían previamente abiertos por parte de los trabajadores sociales.

Prórroga

Para la valoración, se tiene en cuenta la situación económica, laboral y habitacional de cada una de las familias, que estarán en las viviendas de emergencia social durante un año mientras mejoran sus condiciones económicas, pudiéndose prorrogar por períodos iguales a propuesta de los Servicios Sociales municipales que justifique la necesidad, hasta un máximo de cuatro años.

El protocolo de actuación establece que en el momento en que están disponibles viviendas de la unidad administrativa de Patrimonio, se comunicará a los Servicios Sociales municipales y se elevará a la Junta de Gobierno la propuesta del inicio de procedimiento de adjudicación de las mismas.

Según la ordenanza, la puesta a disposición de las viviendas conllevará un canon mensual de, como máximo, un 30% de los ingresos mensuales familiares, incluyéndose en dicha cuantía los gastos de la comunidad de vecinos.

No obstante, los Servicios Sociales municipales podrán fijar un canon inferior a dicho porcentaje, incluso la gratuidad de la vivienda, cuando las circunstancias socioeconómicas no permitan hacer frente a dicho pago sin menoscabo de las necesidades básicas de la familia.

 

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