El Ayuntamiento cedió los terrenos hace diez años

FUENLABRADA / 13 NOVIEMBRE 2018 / El Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada ha aprobado hoy por unanimidad pedir la dimisión del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, si no empiezan en tres meses las obras del centro de salud de El Vivero, donde se cedió una parcela hace diez años.

En este sentido, el alcalde, Javier Ayala (PSOE), ha apuntado a la «necesidad» de este centro en el barrio debido a que el resto de centros «se encuentran saturados». De hecho, según la moción aprobada, en el centro sanitario de Loranca «hay que esperar hasta siete días para que atiendan».

En 2007, el Ayuntamiento cedió a la consejería una parcela de 3.270 metros cuadrados entre las calles Ernest Lluch y paseo de la Salud. Desde entonces, han sido muchas las reuniones y reivindicaciones hechas al Gobierno regional para que se construya esta dotación sanitaria.

La moción destaca lo infructuoso que resulta «el esfuerzo previsor del Ayuntamiento» que planifica con suficiente antelación las necesidades futuras de los nuevos barrios para evitar carencias y saturaciones que causan perjuicios a la ciudadanía.

Subvenciones sin justificar

Por otro lado, en materia sanitaria, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Sergio López, ha exigido al equipo de Gobierno Local (Psoe e IU) la creación de “una herramienta administrativa para que se obligue a justificar las ayudas sociales a toda persona que reciba dinero de la Administración Local”.

La petición se ha producido dentro del debate para la aprobación inicial de los Presupuestos Generales presentados por el PSOE en el Pleno extraordinario celebrado, en el que el líder ‘popular’ ha afeado la gestión de los socialistas y la “falta de compromiso con la generación de empleo de los fuenlabreños”.

Sergio López, en rueda de prensa.

El líder popular ha explicado que con esta medida no se opone a las ayudas, al contrario, “se trata de ser absolutamente rigurosos con el dinero de todos, asegurar que las ayudas llegan realmente a quienes las necesitan y evitar que se haga una forma de vida de ello”.

López también ha criticado “el descontrol” socialista en cuanto a no saber a qué destinan ese dinero los receptores de las ayudas, por lo que considera absolutamente necesario el mecanismo de control propuesto.

Por último, el portavoz del Grupo Popular también ha recriminado que, en la actualidad, los órganos de intervención municipal solo fiscalizan las partidas presupuestarias de ayudas, pero en ningún caso tiene control alguno del destino final del dinero una vez está en manos de los perceptores. “Y eso”, ha recalcado, “hay que cambiarlo”.

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