El regidor ha criticado “el daño sufrido contra su persona en medios, con datos filtrados y no siempre contrastados”

ARROYOMOLINOS/ 5 JULIO 2018/ El alcalde de Arroyomolinos (Cs), Carlos Ruipérez, ha anunciado que continuará en el cargo y con las mismas responsabilidades en el Consistorio “en tanto su situación procesal no quede perfectamente definida y aclarada”.

Además, el regidor ha puesto de manifiesto en un comunicado del Ayuntamiento “el daño sufrido contra su persona en medios, con datos filtrados y no siempre contrastados, lo que ha supuesto una vulneración de su derecho a la presunción de inocencia”.

El  Consistorio ha reafirmado que, “como no puede ser de otra manera” colabora de forma “activa y transparente” con la UDEF de la Policía Nacional en el marco de la operación anticorrupción ‘Enredadera’ y “ha colaborado y colaborará con la Justicia con la transparencia como seña de identidad del Consistorio”.

Ruipérez también ha querido dar las gracias a los miembros del Equipo de Gobierno, a los funcionarios y trabajadores municipales, así como a muchos vecinos que se han solidarizado “dando sus muestras de apoyo para él y su familia”.

La Policía buscaba contratos desde el año 2012

Los responsables policiales solicitaron en los registros información en relación con los contratos del Ayuntamiento de Arroyomolinos con GESPOL desde el año 2012 hasta la actualidad.

Según el Consistorio, en 2012 el municipio suscribió un contrato por exclusividad que se adjudicó el 12 de marzo de 2013 con Bilbomática para el mantenimiento integral del sistema GESPOL con una duración de 2 años con posibilidad de prórroga hasta de 2 años más.

Se realizó por exclusividad “con informes desfavorables”. El coste por año de dicho contrato es de 34.165 euros más IVA. La primera prorroga de este contrato fue en febrero de 2015. La siguiente prorroga se realizó en 2016 “por falta de tiempo para tramitar administrativamente un contrato por concurso público”.

En 2017 se puso en marcha un procedimiento público y abierto para el servicio de apoyo y asesoramiento al funcionamiento de los expedientes sancionadores por infracciones. A dicho concurso público y abierto se presentaron seis empresas a la licitación por un coste de 28.900 euros más IVA por año y durante cuatro años.

 

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