La actual alcaldesa se querelló por presuntas irregularidades en la resolución del contrato del Centro de Creación de las Artes (CREAA)

ALCORCÓN/ 4 NOVIEMBRE 2019/El Ayuntamiento de Alcorcón ha aprobado personarse “en calidad de perjudicado” en las diligencias previas abiertas en el Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 2 de la localidad tras la querella presentada por una presunta “prevaricación y malversación de fondos públicos” de Emgiasa.

Esta iniciativa, impulsada por la actual alcaldesa, Natalia de Andrés (PSOE), ha sido aprobada en el Pleno municipal con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos Ganar Alcorcón y Ciudadanos, las dos abstenciones de Vox y una del PP, dado que el resto de los ediles del PP se ausentaron de la sesión.

La actual regidora socialista fue la encargada de presentar en marzo pasado, cuando era portavoz del grupo municipal socialista, una querella contra la edil del PP Susana Mozo, por entonces consejera delegada de Emgiasa, y otras personas, por su presunta participación en unos hechos presuntamente irregulares.

Por el CREAA

La querella se refería a la resolución del contrato del Centro de Creación de las Artes (CREAA), que fue ejecutado de forma “unipersonal” (9 de marzo 2012) por Mozo, sin contar con el consejo, e incluyendo además “una cláusula de confidencialidad”, según denunció en su momento la actual alcaldesa.

Además, desde el PSOE insisten en que esa resolución de contrato se hizo “a sabiendas de que Emgiasa iba a entrar en concurso de acreedores”, dado que en aquel momento ya se había presentado de forma voluntaria dicho concurso, que se hizo el 28 de febrero de 2012.

En este sentido, recogen que “se habría pagado a las empresas casi 25 millones de euros, sin haber constatación del alcance de las obras”, cuando estas fueron paralizadas, “y sin que la Dirección Facultativa emitiese certificado alguno”, además de que hubo “casi 2,5 millones en acopios sin justificar”.

La actual concejal de Hacienda, Candelaria Testa (PSOE), ha insistido durante el Pleno en que no es entendible y “huele mal” que Susana Mozo reconociese tal cantidad a través de un “contrato privado” y la pagase “a sabiendas de que se había presentado concurso voluntario de acreedores”.

Recientemente, la Audiencia Provincial ordenó al Juzgado que tomara declaración a los querellados para determinar si continuaba con la misma, anulando así la inadmisión en primera instancia que se produjo el 9 de mayo, algo que, de momento ya ha hecho la ahora alcaldesa y que se espera que haga próximamente la querellada.

Por todo ello, tras solicitar un informe a la Asesoría Jurídica, el Ayuntamiento ha solicitado en el Pleno personarse “en calidad de perjudicado” con el objetivo de que “de dictarse sentencia firme a favor de la querellante le correspondiese la posible indemnización de los daños y perjuicios ocasionados”.

Estado actual del Centro de las Artes de Alcorcón (CREAA)

El PP se ausenta

Desde el PP, donde varios de sus concejales se ausentaron de la votación, consideran esta personación una acción “política y soez, una cortina de humo para tapar sus vergüenzas”, en la que se usará el dinero de los contribuyentes “para sustentar la querella la alcaldesa Natalia De Andrés”.

Mi grupo se ha ido del Pleno porque no va a participar en este juego sucio del PSOE”, ha señalado la portavoz del PP, Ana Gómez, quien ha avanzado que “cuando los juzgados archiven este tema, que lo harán, este será un boomerang y se pedirá responsabilidades a todos aquellos que lo están llevando a cabo”.

Desde el PP insisten en que este tema “podría ser constitutivo de delito, porque la Fiscalía es la que defiende los intereses municipales”, además de recalcar que fue el Gobierno socialista el que había dejado “toda la deuda” en Emgiasa, motivo por la que tuvo que entrar en concurso de acreedores.

La Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa) se encuentra actualmente en fase de liquidación después de que entrara en concurso de acreedores voluntario hace siete años, una decisión tomada por el PP después de que el interventor municipal certificara una deuda de 333 millones de euros.

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