La defensa de la expresidenta madrileña ha apuntado directamente a la universidad para salvar su prestigio

REGIONAL/ 5 FEBRERO 2021/ La fiscal Pilar Santos Echevarría ha manifestado en el juicio contra la expresidenta regional Cristina Cifuentes que la exdirigente popular era “la única, la primera y la última beneficiaria” del acta falsificada de su Trabajo de Fin de Máster (TFM) del curso que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).

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Santos insiste en que la falsificación se utilizó con la finalidad de “salvar su reputación y su carrera política”, mientras que la defensa de la exlíder madrileña ha apuntado directamente a la universidad para salvar su prestigio.

El juicio ha quedado visto para sentencia sin que las tres acusadas hayan hecho uso de su derecho a la última palabra. En la última sesión, las partes han expuesto sus conclusiones finales.

Con voz contundente, la fiscal ha afirmado que la expresidenta “no se manchó las manos por su cargo” y ha detallado cada una de las irregularidades que enervan su presunción de inocencia para sustentar su solicitud de tres años de cárcel y tres meses de cárcel.

En su declaración, Cifuentes relató ante el tribunal que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el TFM sin exponerlo ante el tribunal, algo que también hicieron varios testigos que han comparecido en la vista oral.

El abogado José Antonio Choclán ha reclamado la absolución para su clienta esgrimiendo que ya ha sufrido “una pena natural” esperando que el tribunal repare este sufrimiento y “calvario” al menos de una manera parcial.

Álvarez Conde, al fondo, junto al recto de la URJC, Javier Ramos.

Irregularidades “notorias”

En su exposición, la fiscal ha relatado que Enrique Álvarez Conde “le dio a Cifuentes todas las facilidades necesarias” para conseguir el título pese a no ir a clase y entregándole a él mismo trabajos en papel sin perjuicio del titular de la asignatura”.

Nunca hubo comunicación con los profesores ni nunca la señora Cifuentes se interesó por las notas. Nada de lo manifestado por ella ha sido acreditado pero lo cierto es que sus calificaciones, menos la del catedrático Pablo chico y la del TFM, fueron introducidas en el sistema”, ha señalado.

Tras ello, ha indicado que hay “ciertas irregularidades demasiado notorias”. En primer lugar, ha citado que el dato manifestado por Cifuentes en relación a la entrega el 2 de julio de 2012 de su trabajo a dos mujeres y un hombre en un despacho sería “algo incompatible” dado que la asignatura de Pablo Chico no estaba aprobada y no se puede realizan una defensa del TFM sin todas las asignaturas aprobadas.

Otra de las irregularidades se refiere a la modificación de dos de las asignaturas –la de Pablo Chico y la del TFM– por parte de la funcionaria Amalia Calonge y compañera de la hermana de Cifuentes en la universidad, quien no estaba autorizada para estos cambios.

“Siempre aparecen los mismos protagonistas”, ha incidido la fiscal, quien ha subrayado que ha quedado “clarísimo” que Calonge no tenía competencia para ejecutar estas modificaciones conforme a la testifical del responsable del servicio. Además, ha hecho alusión a la declaración del profesor y catedrático Pablo Chico, quien afirmó que nunca le comentó a Calonge que modificara la nota del TFM.

La tercera de las anomalías detectadas sería el pago del TFM cuatro meses después de defenderlo cuando en ese caso hay que hacer “una petición expresa” por parte del alumno y no consta.

Otras acusadas

En cuanto a la acusada Cecilia Rosado ha apuntado que reconoció el delito como autora material para hacer “frente a la crisis mediática” tras saltar el caso, recibiendo “numerosas llamadas” de Álvarez Conde y la exasesora de Educación y funcionaria de la URJC María Teresa Feito.

Actuó bajo presiones a sabiendas de que no se había defendido“, ha señalado la fiscal y ha apuntado que del juicio se desprenden que Álvarez Conde “daba todas las facilidades para que se cursara el máster y hacer crecer el numero de alumnos”, ha dicho.

A Feito la sitúa “en el epicentro” de lo ocurrido al quedar constatadas las retiradas llamadas a Cecilia Rosado y al rector Javier Ramos por su relación con el entorno de Cifuentes y su evidente conexión con la universidad al ser funcionaria.

Feito estuvo en el epicentro de todo lo que ocurrió. Tenía un pie en uno y en otro sitio. Reconoció llamadas con la jefa del Gabinete de Cifuentes y con la secretaria de Cifuentes. Todos daban por hecho que estaba allí para resolver lo que pasaba”, ha recordado.

Llamadas al rector

En su informe, la fiscal aludirá a las llamadas que hubo cruzadas desde la entonces Consejería de Educación a través del titular de esta cartera en aquella época Rafael Van Grieken, la exasesora Feito y el rector Javier Ramos para apoyar supuestas presiones de la Comunidad de Madrid.

En su declaración, la profesora Cecilia Rosado reconoció que falseó el acta a instancias de “presiones” de Enrique Álvarez Conde y Feito, manifestando que Conde la llamó más de veinte veces el día que saltó la polémica mientras que Feito lo hizo unas quince veces.

A lo largo de la vista, ningún testigo ni acusado ha afirmado que Cifuentes en concreto estuviera detrás de esas llamadas “reiteradas” al rector Javier Ramos para recabar información de lo sucedido tras destapar ‘eldiario.es’ el caso del máster.

Tan solo Van Grieken reconoció que llamó de forma “reiterada” al rector al tratarse de un asunto que afectaba al Gobierno regional y que era algo que entraba dentro de sus competencias como consejero de Educación al afectar al prestigio de las universidades madrileñas.

Cifuentes sí se benefició de esa acta falsificada de la que está acusada como inductora, si bien ella insiste en que desconocía tal circunstancia. No fue el único documento falsificado en su curso. Del juicio se ha desprendido que hay más de un acta falsa en relación a diferentes alumnos de esa misma promoción, conforme a la pericial practicada por la Guardia Civil.

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