Enrique Ossorio ha recordado que el Gobierno regional tiene “amplias competencias de gestión” en materia de educación

REGIONAL/ 19 NOVIEMBRE 2020/ El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha manifestado este jueves que el Gobierno regional puede tomar “tres vías” frente a la ley Celaá, entre las que se incluye “recurrir a los tribunales”, tanto al Constitucional como al Contencioso Administrativo.

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En una entrevista en ‘Telemadrid’, Ossorio ha recordado que el Gobierno regional tiene “amplias competencias de gestión” en materia de educación. “Y nosotros aplicaremos la ley, por supuesto, con respeto a la misma, pero somos nosotros los que la vamos a aplicar en Madrid, afortunadamente para los madrileños”, ha afirmado.

En tercer lugar, ha señalado que el Ejecutivo autonómico puede “legislar sobre ello”, y ha recordado la intención de la Comunidad de Madrid, como ya ha anunciado su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, “de hacer una ley que garantice la libertad de elección y también la educación especial en la Comunidad de Madrid”.

A su juicio, “si los padres tienen la obligación de educar a sus hijos, también tienen el derecho de elegir el tipo de educación y el centro donde van los hijos, así que no hay que poner trabas”.

No sé por qué hay que decir que seamos nosotros, las administraciones, los que digamos donde tienen que ir los hijos, es algo que va contra la Constitución, el derecho internacional, es uno de los sinsentidos de esta ley”, ha agregado.

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio (Foto: EP)

Colegios diferenciados

Por otro lado, ha manifestado que “si en Alemania, Inglaterra, Australia y Estados Unidos incluso hay colegios públicos que diferencian en las aulas por sexos” y “hay familias en España que quieren ese modelo”, no sabe “por qué hay que prohibirlo”, al tiempo que ha asegurado que el Tribunal Constitucional dijo que era ajustado a la Constitución.

Me parece totalmente absurdo, y también esas restricciones que establece para no poder ceder espacios por parte de los ayuntamientos o no poder firmar convenios para construir un centro concertado”, ha proseguido.

Por último, se ha preguntado que “si la Comunidad de Madrid considera que es bueno construir un centro concertado porque se lo demandan las familias, y un ayuntamiento considera que es bueno ceder ese terreno porque sus habitantes de ese municipio quieren ese centro, por qué hay que prohibirlo”.

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