La fiscal mantiene su acusación al considerar que hay prueba de cargo contra la exdirigente popular por inducir a la falsificación del acta

REGIONAL/ 5 FEBRERO 2021/ El juicio contra la expresidenta regional Cristina Cifuentes quedará este viernes visto para sentencia sin que ningún acusado ni testigo haya apuntado directamente a la exdirigente popular como inductora del acta falsificada de su Trabajo de Fin de Máster (TFM) del curso de posgrado que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).

En su declaración, Cifuentes relató ante el tribunal que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el TFM sin exponerlo ante el tribunal, algo que también hicieron varios testigos que han comparecido en la vista oral.

“Actué de buena fe”, afirmó en relación al acta que mostró a los medios el día que estalló la polémica, el 21 de marzo de 2018, al desconocer que contaba con firmas falsificadas, un hecho del que responsabilizó a la propia universidad. Cifuentes dimitió el 25 de abril de ese año.

Las partes expondrán en la última sesión sus informes finales. La defensa de la expresidenta madrileña, el abogado José Antonio Choclán, solicitará la libre absolución de su representada al considerar que no hay prueba de cargo para enervar su presunción de inocencia.

La fiscal Pilar Santos elevó en al anterior jornada a definitiva su acusación respecto a Cifuentes, para quien solicita una pena de tres años y tres meses de cárcel por falsedad documental. La misma pena pide para la exasesora María Teresa Feito.

Tan solo introdujo una leve modificación respecto a la petición de 21 meses de cárcel para la profesora Cecilia Rosado. En su caso, reclamó contemplar de forma subsidiaria una atenuante muy cualificada por confesión al reconocer la falsificación del acta del TFM de Cifuentes.

Álvarez Conde, al fondo, junto al recto de la URJC, Javier Ramos.

Llamadas al rector

En su informe, la fiscal aludirá a las llamadas que hubo cruzadas desde la entonces Consejería de Educación a través del titular de esta cartera en aquella época Rafael Van Grieken, la exasesora Feito y el rector Javier Ramos para apoyar supuestas presiones de la Comunidad de Madrid.

En su declaración, la profesora Cecilia Rosado reconoció que falseó el acta a instancias de “presiones” de Enrique Álvarez Conde y Feito, manifestando que Conde la llamó más de veinte veces el día que saltó la polémica mientras que Feito lo hizo unas quince veces.

A lo largo de la vista, ningún testigo ni acusado ha afirmado que Cifuentes en concreto estuviera detrás de esas llamadas “reiteradas” al rector Javier Ramos para recabar información de lo sucedido tras destapar ‘eldiario.es’ el caso del máster.

Tan solo Van Grieken reconoció que llamó de forma “reiterada” al rector al tratarse de un asunto que afectaba al Gobierno regional y que era algo que entraba dentro de sus competencias como consejero de Educación al afectar al prestigio de las universidades madrileñas.

Cifuentes sí se benefició de esa acta falsificada de la que está acusada como inductora, si bien ella insiste en que desconocía tal circunstancia. No fue el único documento falsificado en su curso. Del juicio se ha desprendido que hay más de un acta falsa en relación a diferentes alumnos de esa misma promoción, conforme a la pericial practicada por la Guardia Civil.

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