El despido se produjo en septiembre de 2015 y también fue declarado procedente por el Juzgado de los Social y por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid

GETAFE/ 13 NOVIEMBRE 2017/ La Sala Social del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación de una trabajadora despedida de la empresa municipal de limpieza (LYMA) que alegó vulneración de derechos fundamentales por discriminación ideológica al ser militante del PP.

De este modo, se declara firme la sentencia del Juzgado de lo Social nº 21 de los de Madrid, de fecha 20 de mayo de 2016, declarando procedente el despido, así como la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fechada el 5 de diciembre de 2016, que rechazó la impugnación.

En suplicación, tras desestimar la solicitud de revisión “fáctica”, analiza la Sala las infracciones jurídicas “por las que solicita la actora la declaración de nulidad o subsidiariamente la improcedencia del despido”, que se produjo en septiembre de 2015, “invocando la necesidad de aplicar la regla de inversión de la carga de la prueba, lo que no es estimado”.

El Tribunal señala que en el caso no se ha acreditado por la actora la existencia de indicios de vulneración de derechos fundamentales por discriminación ideológica, pues no se ha practicado prueba suficiente para acreditar que la empresa conocía que todos los trabajadores despedidos eran del PP “y ello, sencillamente, porque ni todos lo eran ni, aunque lo hubieran sido, la empresa conocía de su condición o simpatía”.

Aspecto tendencioso

Tampoco se ha practicado “prueba suficiente” para acreditar que no sigan trabajando en LYMA simpatizantes o militantes del PP, quedando acreditado que “el hecho de que sigan prestando servicios en la entidad estos trabajadores, entre ellos el director de Recursos Humanos, pone de manifiesto que no hay un aspecto tendencioso en la decisión, quedando acreditado, además, que no todos los despedidos tenían una relación directa o indirecta con el PP”.

Según la sentencia del pasado 17 de octubre a la que ha tenido acceso Noticias para Municipios, “de los 14 despidos llevados a cabo (5 por causas disciplinarias y 9 por causas objetivas), nueve han terminado en conciliación en las que los propios trabajadores han desistido de la acción de nulidad, reconociendo la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales por discriminación ideológica en la decisión de extinción”.

En el resto se han dictado sentencias que declaran “la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales y, por ende, procedentes los despidos, habiendo quedado probado, sin embargo, por la empresa demandada, que la extinción de su relación laboral viene motivada por el sobredimensionamiento de la plantilla que provocaba un aumento considerable del gasto de personal en relación con la actividad desarrollada por la empresa desde el punto de vista organizativo, lo cual, en ningún caso ha sido desvirtuado por la trabajadora con su prueba”.

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