Quieren que el Ayuntamiento promueva la impugnación de la iniciativa del Gobierno central ante el TC por la vulneración de la autonomía de las administraciones locales

ALCORCÓN/ 19 JUNIO 2017/ Ganar Alcorcón ha propuesto impugnar ante el Tribunal Constitucional la prohibición de subrogación de trabajadores en la Administración Local “impuesta” por el ministro Cristóbal Montoro.

Por ello, presentarán una moción en el Pleno del próximo 28 de junio para que el Ayuntamiento de Alcorcón promueva la impugnación de la disposición adicional 26 del PGE, en la Comisión Nacional de Administración Local y ante el Tribunal Constitucional, “por atentar contra la autonomía municipal en la elección de la forma de gestión de los servicios públicos”.

La disposición adicional 26 del PGE 2017 prohíbe a la administración local subrogar a los trabajadores de las empresas concesionarias de “servicios públicos rescatados” y es “una vulneración de la autonomía de las administraciones locales”.

Chantaje

El portavoz del grupo municipal Ganar Alcorcón, Jesús Santos, ha indicado que “la disposición adicional 26 supondría un grave perjuicio a nuestro municipio y a su Ayuntamiento. Con esta, Montoro obstruye la capacidad de decisión democrática que tienen los ayuntamientos sobre la forma de gestión”.

Ganar considera que esta disposición “es un chantaje a los ayuntamientos y está especialmente dirigida contra los gobiernos del cambio, los cuales tienen el proyecto de municipalizar la gestión de los servicios públicos, reconocida como más barata y, por tanto, más eficiente económicamente y sostenible para los presupuestos”. “No estamos dispuestos a renunciar a la municipalización de los servicios ni a subrogar a los trabajadores que llevan tantos años trabajando en estos servicios para una empresa privada”.

Además, Santos ha criticado que “la prohibición de subrogación impuesta por el gobierno central a los ayuntamientos responde a los intereses económicos que tienen puestas las grandes empresas en el negocio de los servicios públicos”. “Es sumamente perjudicial porque estas empresas proporcionan unos servicios públicos más caros y de peor calidad”.

 

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